La 'picaresca' fiscal destruye la competencia en el turismo

Este digital y otros medios de comunicación han publicado la noticia de que la nueva flota de aviones Boeing para Ryanair será comprada mediante una sociedad con sede en Luxemburgo que a su vez tendrá relaciones con otra basada en la isla de Man. ¿Por qué es noticia algo así, que no debería tener más importancia? Porque estos dos territorios son, cada uno a su manera, zonas de fiscalidad reducida y todo el mundo se imagina, con razón, que Ryanair sacará provecho de estas ventajas. Todo hay que decirlo, prácticamente la totalidad de las empresas que pueden se acogen a este tipo de situaciones excepcionales para pagar menos. Esto es mucho más frecuente en el turismo y sobre todo entre las multinacionales, porque se trata de empresas con bases en varios países que suelen disponer de sociedades asentadas en todo el mundo.

Esto exige de algunas consideraciones previas, antes de subirnos a la parra y lanzar piedras contra todo el que se mueva.

Hay que decir, en primer lugar, que en la casi totalidad de los casos, estas empresas se limitan a aprovecharse de los vacíos que tiene la legalidad o, incluso, de lo que intencionadamente los legisladores han diseñado así. Por ejemplo, Irlanda es un país en el que fiscalidad de sociedades es muy baja, lo que ha llevado a que un ejército de multinacionales americanas abran sus delegaciones en este país en lugar de hacerlo en cualquier otro del territorio europeo. Totalmente legal. Tanto que Irlanda discutió su situación con la Comisión Europea hace unos pocos años, precisamente dentro de las negociaciones para conseguir el crédito con el que rescatar al país de la quiebra provocada por su burbuja inmobiliaria. Luxemburgo, por su parte, pese a que su ex-primer ministro es ahora presidente de la Comisión Europea, también opera de igual forma, con pleno conocimiento de los demás miembros de la Unión. Faltaría más que no lo supieran, cuando precisamente la mayor parte de los europarlamentarios tienen sus planes de pensiones en este país, aprovechándose de la baja fiscalidad.

A nivel mundial, existen muchos otros países que tienen regímenes fiscales especiales, diferentes de la media, alguno de los cuales es tan reducido que se les denomina “paraísos fiscales”. ¿Significa que esos países son ilegales? No, en absoluto. Un ciudadano español (o una sociedad) puede operar allí sin tener que sentir vergüenza de hacerlo porque son países como todos los demás.

¿Dónde está el problema? Hay dos tipos de problemas: por un lado, los más simples, son aquellos en los que la opacidad de algunos países impide al fisco español conocer la verdad y, por lo tanto, cargar los impuestos correspondientes. En estos casos, por supuesto, nadie puede defender al defraudador, que merece toda la repulsa puesto que es inequívoco que se actúa ilegalmente. (Pasemos por alto que muchos de los altos cargos de los gobiernos y sobre todo de los partidos políticos tienen su dinero en estos paraísos.)

Pero, el segundo tipo de problemas, el más frecuente, es mucho más complicado y sutil: se trata de que muchas sociedades, especialmente pero no sólo turísticas ni sólo multinacionales, operan legalmente desde estos países, con lo que pagan menos impuestos. Los ciudadanos nos quedamos con que “pagan menos impuestos”, pero las empresas se quedan con que lo hacen “legalmente”. Y es verdad. Antes de condenar a nadie por estas prácticas, no estaría de más que nos preguntáramos si alguien estaría dispuesto a pagar más impuestos por patriotismo, siendo igualmente legal evitar hacerlo.

Esto nos conduce a la reflexión que quería hacer: ya va siendo hora de que los incontables organismos internacionales que tenemos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) entre ellos, pusiera orden en este caos. Es el momento de que los países se pongan de acuerdo en homogeneizar la fiscalidad para evitar este tipo de diferencias que, siendo totalmente legales, provoca la indignación de los ciudadanos que difícilmente pueden evitar cumplir sus obligaciones. Esto es siempre insoportable, pero cuando se vive una crisis económica como la que tenemos entre manos, cuando comprensiblemente hay aumentos de impuestos y recortes de servicios debido a la falta de recursos, entonces este tipo de situaciones se vuelven totalmente intolerables. ¿Cómo le explicamos a una agencia de viajes española que no puede hacer frente a los infinitos impuestos que la acosan que la multinacional propietaria de Booking seguro que, siempre dentro de la más estricta legalidad, también busca sus subterfugios para no pagar tanto? Estos días se habla de que Amazon va a entrar en el negocio de la intermediación turística. ¿Es que alguien duda de que mediante diversas sociedades, tampoco va a pagar lo que toca? ¿Puede un modesto hotel familiar competir con un rival cercano que no paga todos sus impuestos?

En un mundo globalizado, donde las fronteras están diluyéndose, no podemos mantener la ficción de que cada país haga su ley. Es inevitable que la competencia en los mercados se tiene que hacer en igualdad de condiciones y que todos deben contribuir con igual intensidad a la financiación del sector público. Lo demás es intolerable y sólo puede generar malestar, ofuscación y vergüenza. El culpable no es quien se beneficia, sino quien no regula, no ordena, no toma medidas. La fiscalidad no puede convertirse, como digo en el titular, en un arma contra quienes quieren crecer en turismo haciendo las cosas bien. La fiscalidad debe ser igual para todos o no ser.