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EDICIÓN ESPAÑA

Hoteles | Siempre que hayan modificado sus estatutos

La comunidad de vecinos podrá vetar las viviendas vacacionales de Canarias

El proyecto de decreto de las viviendas vacacionales de Canarias, aprobado este viernes por el Gobierno insular, establece que las comunidades de propietarios podrán vetar en sus inmuebles este nuevo producto turístico siempre y cuando cambien los estatutos del edificio. La nueva normativa insular que regula esta modalidad alojativa, discutida desde hace más de un año, recoge en los edificios en los que se prohíba ya en los estatutos de la comunidad que no será posible legalizar viviendas vacacionales.

 

Los hoteleros consideran que esta legalización de miles de alojamientos provoca una “competencia desleal”. Por otro lado, la Asociación de Alquiler Vacacional calcula que hay 35.000 viviendas dedicadas a este producto turístico, según La Provincia.

 

Aunque no es necesaria la autorización de la comunidad de propietarios, tal y como especificaba el proyecto de decreto en un principio, ahora la ley señala que sólo podrán comercializarse viviendas vacacionales donde expresamente no se prohíba dicha actividad por los estatutos de la comunidad de propietarios, tal y como recoge Canarias Ahora.

 

El proyecto también prohíbe "contravenir las normas de régimen interior de la comunidad de propietarios donde la vivienda vacacional se ubique". Otro de los aspectos recogido en el proyecto de decreto se refiere a la declaración de responsabilidad por parte del explotador. "Con carácter previo al inicio de la actividad de explotación de una vivienda vacacional", los titulares de la vivienda o el responsable de su explotación, deberán formalizar una declaración responsable de inicio de actividad dirigida al cabildo insular correspondiente.

 

También es necesario presentar, en función de la fecha en que se solicitara la licencia de edificación de la vivienda, la licencia de ocupación, la cédula de habitabilidad, o la declaración responsable de ocupación de inmuebles o instalaciones. El Ejecutivo canario asegura que el proyecto de decreto también busca la protección del usuario de estas viviendas y así se regula que la publicidad, oferta y gestión de las viviendas vacacionales se ajustará a las exigencias de "veracidad, objetividad y buena fe".


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