La corrupción se cobra "millones de vidas" cada año
- Redacción
- BBC Mundo
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La corrupción les cuesta a los países en desarrollo cerca de US$1 billón y se cobra millones de vidas cada año, según el estudio de una organización no gubernamental.
El informe de la organización estadounidense One asegura que a los países más pobres no llegan fondos vitales debido a prácticas fraudulentas como lavado de dinero y evasión fiscal.
El grupo calcula que más de 3,5 millones de vidas podrían salvarse cada año si los fondos que se pierden por la corrupción se destinasen a financiar proyectos de salud.
One se refiere a un "escándalo de un billón de dólares".
"La corrupción reprime la inversión privada, reduce el crecimiento económico e incrementa el costo de hacer negocios y puede llevar a la inestabilidad política", dice el informe.
"En los países en desarrollo, la corrupción mata. Cuando los gobiernos se privan de sus propios recursos para invertir en salud, seguridad alimentaria o infraestructuras esenciales, cuesta vidas y el mayor precio es en la infancia".
Más recursos
Fuente de la imagen, Reuters
El informe dice que si la corrupción fuese erradicada en el África subsahariana:
- unos diez millones de niños más al año tendrían acceso a la educación,
- habría más dinero disponible para pagar a unos 500.000 profesores de primaria adicionales
- y unas 11 millones de personas más tendrían acceso a fármacos contra el virus del VIH/sida.
One ha hecho un llamado a los líderes del G20 que se reunirán en Australia en noviembre para que adopten medidas contra el problema.
Por ejemplo, les pide que se haga pública el máximo de información sobre los sectores de petróleo, gas y minería para que la población de los países ricos en recursos naturales se beneficie de ellos y los ingresos de estos ramos no sean robados por burócratas y empresarios.
También recomienda que se luche contra la evasión fiscal "para que los países en desarrollo tengan la información que necesitan para recaudar impuestos", así como un gobierno mucho más accesible a los ciudadanos para que las autoridades puedan ser sometidas a escrutinio por la prestación de los servicios públicos.
