El pacto político que necesitan las pensiones no puede esperar a otra legislatura

La Seguridad Social genera desde 2013 crecientes déficits presupuestarios por el crecimiento del colectivo de pensionistas y de las cuantías cobradas, y ha consumido el ahorro acumulado en el fondo de reserva en los primeros años del siglo, cuando el empleo y su remuneración crecían más deprisa que los pasivos y sus pensiones. Este año la Tesorería del sistema consumirá todo el crédito pedido al Tesoro para hacer frente a los pagos, y tendrá que echar mano también a una parte del fondo de reserva, pese a las resistencias políticas a agotarlo. El avance natural de los costes, incrementado con la subida sorpresiva de las pensiones aprobada con el Presupuesto en junio, no dejará margen para otra cosa, y los gestores cerrarán el ejercicio con un déficit de unos 19.000 millones de euros.

Las cuentas de 2019 no lograrán reducir los números rojos. Todo lo contrario: el sobrecoste del efecto sustitución (pensiones elevadas por pensiones modestas), el crecimiento del número de pensionistas y la más que descontada revalorización con un IPC que rondará el 2% (como este año), junto con unos ingresos mucho menos expansivos por la moderación de los salarios y también del número de cotizantes, arrojarán un desequilibrio que puede llegar a los 22.000 millones de euros, casi un 2% del PIB.

Por mucha protección del paraguas del Estado que se exhiba, la situación no resiste mucho más tiempo sin que se produzcan dos efectos que pueden ser muy perniciosos para la economía y su financiación. Primero, las agencias de rating empezarán a mirar con desconfianza una situación en la que el gasto crece de forma acelerada y a la que nadie, ni con pacto político mediente ni sin él, pone freno, con la consiguiente corrección de la calificación y el encarecimiento de la refinanciación de la deuda de España. Y segundo, si los pensionistas presentes y futuros comienzan a olfatear la incapacidad de una solución en paralelo al riesgo creciente de futuros recortes de su capacidad de compra, pararán el consumo para provisionar su ahorro, con un efecto muy negativo sobre la demanda interna, el crecimiento y el empleo.

Por todo ello, quien administra la Seguridad Social y quien lo ha hecho en el pasado o aspire a hacerlo en el futuro deben buscar un consenso para tomar medidas que atajen el gasto y refuercen los ingresos lo antes posible. Cuanto más se tarde en tales decisiones, más habrá que forzar ambas variables en el futuro, con más daño para contribuciones y prestaciones. El clima político no es el mejor del mundo para el pacto que precisa el sistema, pero la capacidad estratégica de los políticos se mide precisamente por ponerse de acuerdo cuando más arrecia la confrontación para salvar cuestiones capitales para los administrados. Esta cuestión no puede esperar a la próxima legislatura, salvo que empiece en unos meses.