Bronca entre Aduanas y Policía en alta mar
La operación de asalto a un remolcador repleto de cocaína estuvo a punto de frustrarse dos horas antes
El asalto del remolcador Titán III, que llevaba un cargamento de unas 2,5 toneladas de cocaína, este lunes, hizo caer de nuevo a históricos narcos gallegos como Los Charlines. Y ha reabierto viejas fisuras entre el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), área operativa de la Agencia Tributaria, y los equipos antidroga de la Policía que dependen del Ministerio de Interior. Un conflicto de competencias que llegó a retrasar la confirmación del abordaje del barco ante el desacuerdo de Aduanas sobre los términos del auto judicial que le daba todas las atribuciones de mando del operativo a la Policía.
La tensión en plena maniobra de abordaje por parte de la patrullera Fulmar, del SVA, cuando el remolcador se encontraba a unas 400 millas de las Azores, tiene su origen en investigaciones cruzadas de ambos cuerpos sobre el seguimiento de este barco español con bandera de conveniencia panameña que llevaba varios años dedicado al transporte de droga para distintas organizaciones, según fuentes de la investigación.
Después de judicializarse los prolegómenos de esta operación policial, y con el barco ya balizado por agentes de la Udyco y del Greco Galicia de la Policía para controlar sus movimientos y asegurarse la incautación del alijo, el remolcador, que había cambiado el nombre de Zumaía II por el de Titán III, entró por una avería en el puerto de Barbate (Cádiz), donde fue localizado por Aduanas.
Allí, Vigilancia Aduanera solicitó a un juzgado abrir una investigación sobre las actividades sospechosas del barco e informó al CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) de la intención de balizarlo, lo que finalmente no se hizo, según consta en las diligencias que finalmente fueron remitidas a Vigo, donde se centró el caso.
“En su exceso de celo profesional para explotar conjuntamente esta investigación con la Policía, Aduanas puso en peligro el éxito de la operación”, han asegurado fuentes de la investigación. Las mismas que corroboraron que hasta dos horas antes de hacer el abordaje, que estaba previsto para las dos de la madrugada de este lunes, Aduanas seguía sin confirmar su intervención pese a que el mandamiento judicial hacía cinco días que se había notificado.
En el auto, el juez Juan Carlos Carballal daba a la Brigada de Estupefacientes las atribuciones de Policía Judicial y establecía que serían auxiliados por una dotación de los Geo (Grupo Especial de Operaciones). Respecto a Aduanas, el magistrado ordenaba que “actuarán estrictamente bajo la dirección y coordinación” de la Policía.
Durante esas horas se producen conversaciones y reuniones entre mandos de la Policía y Vigilancia Aduanera. La Policía llegó a apercibir a los funcionarios de Aduanas de los supuestos delitos en los que podrían incurrir en el caso de no llegar a producirse el abordaje.
Desde la Agencia Tributaria han admitido que “como consecuencia de alguna duda que surgió sobre los términos de la participación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera en el acto del abordaje se formuló una consulta entre responsables de ambos cuerpos y, una vez aclarados dichos términos, el abordaje se llevó a cabo con resultado completamente positivo”.
Sin embargo, la Agencia ha desmentido que “haya habido cualquier conflicto de competencias” entre Vigilancia Aduanera y Cuerpo Nacional de Policía. “La operación de intervención del Titán III se ha llevado a cabo conjuntamente por ambos cuerpos y la coordinación ha sido en todo momento perfecta”, han asegurado.
