170 familias en riesgo de desahucio en Tenerife
Un fondo de inversión quiere desalojar a los vecinos de un barrio desfavorecido que pagan alquileres subvencionados
Un total de 170 familias del barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han recibido en las últimas semanas cartas en las que se les comunica el fin de sus contratos de alquiler y que en consecuencia han de abandonar las viviendas que habitan. Las misivas han sido enviadas por el fondo de inversiones Luri 6, que no acepta el pago de las rentas bajas que satisfacían hasta ahora los inquilinos.
Los afectados habitan dos bloques de pisos en uno de los barrios más humildes y con mayores problemas de la ciudad. Un 70% de ellos recibe algún tipo de ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, sin otra alternativa de vivienda o alquiler, que en muchos casos es sufragado por la propia corporación local. El fondo propietario de las viviendas colocó en las puertas de los edificios carteles con el aviso de que “ya no se alquilan”, retirados cuando los medios de comunicación se interesaron por el asunto.
Yanira González, de 29 años, vive en uno de las viviendas afectadas junto con sus cuatro hijos y su pareja, Manuel Martín. Es desempleada, y el Ayuntamiento le abonaba 10 mensualidades del alquiler (265 euros al mes) mientras ella costeaba de su bolsillo los dos restantes. Pero al llegar al final del contrato, en septiembre, la propiedad no le ha querido renovar. “Tengo incertidumbre por lo que va a pasar, no tengo a dónde ir”, explica. Se queja además de que cuando aceptó este alquiler le hicieron renunciar a una vivienda social, donde llevaba 11 años en lista de espera, y ahora se ve en la calle.
Mari Paz García, de 38 años, llevaba cuatro y medio viviendo en este bloque. “La empresa dejó de cobrarme los recibos, y mientras no me elaboraban el nuevo contrato, yo dejé de abonarles la mensualidad durante unos meses”, explica. Cuenta que entonces envió correos electrónicos a la inmobiliaria solicitando regularizar su situación, pero no obtuvo respuesta. Solo en una ocasión lo hicieron y fue para pedirle un alquiler de 900 euros mensuales, casi el doble de lo que pagaba, a lo que se negó. Ahora le ha llegado la citación judicial de desahucio y ni siquiera sufragando las cantidades atrasadas —a lo que está dispuesta—, la propiedad accede a dejarla en el piso. El juicio se celebrará el próximo 15 de octubre.
“No podemos permitir”, manifiesta el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, “que unos fondos de inversión dejen de alquilar unas viviendas para luego venderlas porque se crea un problema social y además no hay razón para no seguir alquilándolas, porque las familias quieren pagar”. Bermúdez se reunió ayer con los responsables de la entidad propietaria para intentar detener los desahucios y pedirles que cesen las llamadas telefónicas a los vecinos instándoles a que se marchen. “Les he planteado que hay que buscar algún tipo de acuerdo y la respuesta por ahora es que tienen buena voluntad”, especifica el alcalde.
Aunque la mayoría de quienes habitan las viviendas pagan su alquiler, se dan también situaciones de ocupación. Es el caso de Eloína Perera, una joven de 28 años, con dos hijos de 11 y 8 años, con el padre de los niños cumpliendo condena de nueve años en prisión y su última pareja detenida después de denunciarla por malos tratos. “Estoy con depresión, sin ganas de nada”, reconoce en el portal del edificio. Y muestra los mensajes de Whatsapp que le han enviado en los últimos meses en relación al piso, donde incluyen el ofrecimiento de una cantidad económica para marcharse “El inversor le reclamará una indemnización por ocupación ilegal además de sacarle de la vivienda. Le van a desalojar sí o sí. Podemos darle 300 euros Eloina”.
