La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa ha supuesto un vuelco en la política de gasto de las Administraciones Públicas. Así lo refleja el plan presupuestario del gobierno, que pretende aumentar los desembolsos en 16.000 millones de euros. Y así lo confirman las informaciones estadísticas del tercer trimestre del año, que empiezan a poner de manifiesto el cambio pretendido por los socialistas.
Fijémonos, de entrada, en la última edición de la Encuesta de Población Activa. La mayoría de titulares se refirieron, como es lógico, al balance general del período comprendido entre junio y septiembre. En su conjunto, el mercado de trabajo viene de atravesar su peor verano desde el año 2014, de modo que el enfriamiento laboral es más que evidente.
Sin embargo, se ha prestado menos atención al dato de la EPA que se refiere específicamente a la creación de empleo en el sector público. En 2017, el tercer trimestre del año se cerró con un aumento del 1,94% en el tamaño de las plantillas de las distintas capas de la Administración. Sin embargo, los números para los meses de junio, julio y agosto de 2018 elevan dicho porcentaje al 3,44%.
Estamos ante un fuerte aumento de la contratación pública, que crece un 77% en comparación con el mismo período de 2017. Peor aún, si comparamos la senda de aumento del empleo público con la evolución del mercado privado, vemos que el aumento del 3,44% registrado en el primer trimestre de gobierno de Pedro Sánchez choca con una subida mucho menor en el empleo creado por las empresas, que subió un 2,33% y, por tanto, aumentó un 32% menos.
En números absolutos, el abandono de la austeridad parece aún más claro. Del tercer trimestre de 2017 al mes de septiembre de 2018, el aumento neto de la plantilla de empleados públicos ha sido de 105.500 trabajadores. Pues bien, casi el 50% de dicha subida se ha producido en el primer trimestre del nuevo gobierno. Para ser precisos, un 47%.
Pero, para entender mejor lo que está pasando, también conviene echar un vistazo al nuevo boletín de crecimiento del Producto Interior Bruto. De nuevo, los titulares se han centrado en analizar la tendencia general de aumento de la actividad, que confirma su ralentización y se sitúa en el 2,5% interanual.
Sin embargo, si nos fijamos en los datos referidos al gasto en consumo final de las Administraciones Públicas, encontramos de nuevo un giro hacia una menor responsabilidad fiscal. En 2017, el tercer trimestre se cerró con un crecimiento del 0,6% en dicho indicador, frente al 0,9% de subida que registró el consumo final de los hogares.
Pues bien, en el tercer trimestre de 2018 vemos que los desembolsos del Estado crecieron un 33%, hasta situarse en el 0,8%. Peor aún, los hogares solo mejoraron sus cifras en un 0,6%, de modo que el diferencial ha pasado de ser favorable a las familias en tres décimas a ser favorable a las Administraciones Públicas en dos décimas.