El Banco de España pide subir el IVA y reformar ya el sistema de financiación autonómica

El informe anual sobre la economía española que ha publicado este martes el Banco de España elogia los logros conseguidos tras casi cinco años de crecimiento sostenido de la actividad, pero a renglón seguido no deja lugar para la autocomplacencia. El supervisor recuerda al Gobierno la larga lista de tareas pendientes que debería abordar sin más dilaciones si quiere garantizar a medio y largo plazo una tasa razonable de incremento del producto interior bruto (PIB).

Así, destaca cómo la economía española ha completado una fase de crecimiento de más de cuatro años. Desde finales de 2013, el PIB ha crecido casi un 13% en términos acumulados, sobrepasando desde mediados de 2017 el nivel precrisis. En términos per cápita, el PIB se situó, al cierre del año pasado, casi un 1% por encima del nivel de 2007, recuperándose una parte de la pérdida acumulada frente al promedio de los países del área del euro durante la crisis.

El supervisor admite que este buen comportamiento de la actividad sorprendió a propios y extraños y se congratula de que ese mayor avance del PIB, que superó todas las previsiones, se esté llevando a cabo de una manera más equilibrada que lo ocurrido en anteriores recuperaciones. Destaca que buena parte de esa actividad se esté traduciendo en una mayor creación de empleo, pero, al mismo tiempo, y aquí viene el primer reproche a la política del Gobierno, subraya que la tasa de paro de finales de 2017, del 16,7%, continúa siendo muy elevada.

En este sentido, advierte que la economía española continúa presentando elemento de vulnerabilidad, que se unen a un entorno exterior donde persisten ciertos focos de riesgo e inestabilidad. "A pesar de los avances en la reducción del déficit público, el desequilibrio presupuestario estructural continúa siendo pronunciado y la corrección del elevado endeudamiento del sector está manifestándose, hasta la fecha, muy modesta", resalta el informe.

Por todo ello, el Banco de España marca al Ejecutivo la que, en su opinión, debería ser la agenda de reformas más urgentes que no pueden retrasarse por más tiempo dado que las condiciones tan favorables de financiación tienden a agotarse (ante los próximos cambios en la política monetaria). En insiste en que los llamados vientos de cola, como son los precios moderados de las materias primas o un expansivo entorno internacional, también parecen tener los días contados.

Para no decaer en la tarea de reducir el déficit estructural, el Banco de España recomienda actuar sobre el lado de los gastos, ya que cree que todavía existe margen para reducir ineficiencias, pero también sobre los ingresos.

Dice la institución que preside Luis María Linde que "existen márgenes para considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento potencial. En este sentido, los análisis disponibles muestran que España presenta un menor peso de la imposición al consumo sobre PIB que la media de la UE, lo que se refleja en una menor recaudación tanto por IVA como por impuestos especiales, en particular medioambientales".

Dicho de otra manera, el Banco de España ve margen para un nuevo incremento del principal impuesto indirecto, el IVA, y también recuerda que el sistema impositivo español cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado. Con ello se refiere a la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, "que tienden a generar pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad".

No se trata de una posición nueva, el regulador ha insistido en numerosas ocasiones que si se pretende aumentar el gasto público, por ejemplo, mejorando las pensiones, esto habrá de ser compensado con una mayor reducción de los gastos o un aumento de los ingresos, vía subida de los impuestos.

Al hablar del sistema fiscal, el informe establece como una de esas reformas más urgentes la del sistema de financiación autonómica, sobre todo en un país en el que más del 40% de las decisiones de gasto público corresponde a las Administraciones Territoriales.

Siguiendo con la lista de deberes, el supervisor explica que el crecimiento potencial de la economía española, que mide su capacidad de crecer de modo sostenible y equilibrado a medio plazo, se sitúa en niveles por debajo del 1,5%, cercano al de la UEM, pero inferior al de otros países desarrollados, como Estados Unidos.

Entre los factores estructurales más relevantes que estarían limitando este crecimiento de la economía española destacan el elevado desempleo estructural o el envejecimiento de la población. También alerta contra el menor crecimiento de la tasa de actividad derivado del cambio demográfico y la reducida productividad, como resultado de la excesiva dualidad del mercado de trabajo, las regulaciones que limitan la competencia y la reasignación eficiente de recursos, o el déficit de capital humano y tecnológico.

Son en estas áreas, por lo tanto, en las que la entidad cree que es más urgente actuar, si bien es consciente de las limitaciones que tiene el actual Gobierno, dada la complicada aritmética parlamentaria. "Hay que tener en cuenta que muchas de las tareas pendientes en la economía española requieren planes de acción en el medio y largo plazo que superan el ciclo político habitual y, por tanto, exigen una puesta en marcha sin demora y un compromiso político amplio y duradero en torno a ellas", insiste.

Por último, al analizar cómo está afectando la recuperación a la situación patrimonial de los hogares, el Banco de España constata cómo el reducido nivel de los costes de financiación ha seguido siendo un factor de soporte de las rentas de las familias. Estima que el descenso acumulado de los tipos de interés entre 2008 y 2017 ha contribuido a elevar la renta disponible de los hogares en 2017 en alrededor de un punto porcentual, en términos netos.

De esta manera, la situación patrimonial de las familias ha continuado reforzándose a lo largo de 2017, lo que contribuyó también a impulsar el gasto del sector. La deuda de los hogares descendió hasta situarse por debajo del 100% de su renta bruta disponible (RBD) y el 61% del PIB, ratios todavía algo superiores, aunque ya muy próximas, a las del promedio del área del euro. La riqueza neta del sector también ha venido impulsada por el aumento del valor de los activos, especialmente los inmobiliarios, con un aumento del precio de la vivienda del 7,2% en 2017.