La detención de Eduardo Zaplana el pasado martes y su posterior ingreso en prisión fue el desenlace al minucioso seguimiento al que venía siendo sometido durante los últimos seis meses, en los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había estrechado el cerco sobre el ex ministro de José María Aznar y seguía sus pasos muy de cerca mientras avanzaba la investigación. Durante año y medio, los agentes fueron tirando pacientemente del hilo hasta que el intento de repatriación de fondos procedentes de comisiones ilegales -ocultos en paraísos fiscales durante años- encendió definitivamente las alarmas.
Las fuentes consultadas por El Independiente consideran determinante la información que los investigadores policiales han obtenido de los pinchazos practicados en el teléfono de Zaplana con autorización del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia y de los seguimientos policiales realizados, lo que llevó a desplegar esta semana la Operación Erial y a desmantelar la presunta trama delictiva liderada por el ex dirigente del PP. Desde la madrugada de este viernes, el ex presidente valenciano es el preso vip de la cárcel valenciana de Picassent.
El marcaje de la UCO sobre Eduardo Zaplana guarda similitudes con el control que la misma unidad de la Guardia Civil había realizado sobre el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido en abril de 2017 por el saqueo del Canal de Isabel II en el marco del caso Lezo. Los agentes no sólo interceptaron las conversaciones telefónicas del investigado; también lograron autorización del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento para instalar un micrófono en el despacho del jefe del Ejecutivo madrileño debido a la gravedad de los delitos investigados, determinante para conocer la actividad presuntamente delictiva del sucesor de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico.
El hilo inicial de la investigación a Zaplana había sido el documento hallado en el curso de un registro a Marcos Benavent, conocido como El yonqui del dinero, en el marco del caso Taula. A Benavent le habría facilitado esos papeles un imán sirio que había alquilado la casa propiedad del ex presidente valenciano. De rebote, la UCO accedía a unos documentos de gran importancia para conocer las comisiones ilegales que presuntamente el ex dirigente del PP recibió de empresas controladas por el grupo empresarial de la familia Cotino a cambio de adjudicaciones públicas.
La operación policial desarrollada esta semana ha permitido a los agentes incautarse de papeles "interesantes", según las fuentes consultadas. Los investigadores no tienen dudas de que esos efectos permitirán completar la investigación, con mucho recorrido todavía por delante, y localizar el dinero y las inversiones que Zaplana mantiene aún ocultos. Se calcula que la mitad del patrimonio presuntamente ilícitamente que obtuvo el ex presidente valenciano no han sido descubiertas hasta este momento.
La documentación intervenida en los registros contribuirá a localizar dónde se oculta la mitad del dinero, dicen fuentes de la investigación
Como ha informado este periódico, el ex ministro de Aznar fue el líder y principal beneficiario de las comisiones ilegales que empresarios habrían pagado a cambio de la adjudicación de estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de autorizaciones administrativas para la instalación de parques eólicos en la comunidad valenciana. Para ocultar el patrimonio obtenido de manera ilegal, el ex dirigente del PP habría puesto en marcha una estructura empresarial opaca en Uruguay, desde donde habría dirigido los fondos a diversos paraísos fiscales: Luxemburgo, Andorra...
Para ocultar el rastro del dinero negro y dificultar la localización, Eduardo Zaplana habría comprado y vendido sociedades y habría utilizado a personas afines para figurar como aparentes titulares de propiedades que en la práctica utilizaba el ex presidente valenciano. En esa operativa delictiva desempeñan supuestamente un papel fundamental Joaquín Barceló Llorens, ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y antiguo responsable de Relaciones Institucionales en el parque temático Terra Mítica, y la esposa de éste: Felisa López González. El matrimonio constituyen dos de los siete detenidos en la Operación Erial junto a los hermanos Vicente y José Cotino Escribá; el ex jefe de gabinete del ex presidente valenciano Juan Francisco García; el asesor fiscal y ex secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Francisco Grau, y el propio Zaplana.
Tapadera empresarial
Joaquín Barceló figura como administrador en seis sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria y a la construcción de edificios residenciales constituidas en un intervalo de 45 meses, concretamente entre febrero de 2003 y noviembre de 2006. En esa época, Zaplana ya había dado por terminada su etapa en la política valenciana y estaba instalado en Madrid, primero como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2002-2004) y después como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados (2004-2008).
En concreto, Barceló figura como administrador único de Barceló López SL (creada en 2003), Gavina del Arsenal SL (2004) y Medlevante SL (2005), y Barllors Investiments SL y Gesdesarrollos Integrales SL, ambas en 2006. De acuerdo con los datos que constan en el Registro Mercantil, también aparece como administrador solidario de Los Altos de la Carrasqueta SL. Estas seis sociedades acumulan un capital social de 3,15 millones de euros.
Por su parte, Felisa López era la apoderada solidaria en Barceló López SL y en otras dos sociedades constituidas anteriormente a los hechos que se investigan, concretamente Costera del Glorio SL (1997) y la ya inactiva Aquamat SL (1989). López es la administradora única de Volp Accesories & Others SL, dedicada al comercio al por menor en establecimientos no especializados y con sede social en el mismo domicilio de Benidorm (Alicante) que Barceló López SL.
En el auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia mandó el jueves a prisión a Eduardo Zaplana por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, la magistrada apunta a Medlevante y Gesdesarrollos Integrales como dos de las sociedades que habría utilizado la trama para intentar el retorno de los fondos escondidos en el extranjero. Con un capital social en la actualidad de 2,9 millones de euros, Medlevante se constituyó el 25 de octubre de 2005, año que -según mantiene la juez- coincide con el retorno de los fondos: "2005 y 2006".
En la citada resolución, adelantada por El Mundo, la juez asegura que la investigación ha permitido reunir indicios que permiten indiciariamente sospechar que Zaplana "es partícipe en la administración a través de terceros de algunas de las mercantiles intervinientes y como posible titular real de algunos de los bienes titulados por éstas". Con la información de que dispone en este momento, a falta de que la UCO analice la documentación incautada en los registros, la juez cifra en al menos 6,4 millones de euros la cantidad que el ex presidente valenciano habría cobrado en Luxemburgo de empresas de los Cotino a cambio de contratos públicos.
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