Los rectores advierten de que la investigación universitaria está “al borde del colapso”

Los rectores de las universidades españolas han manifestado una "gran preocupación" por los efectos que la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado marzo, está teniendo en su actividad investigadora. "Estamos al borde del colapso administrativo en cuanto a la gestión de la investigación", ha lamentado Roberto Fernández, presidente de la Crue, la conferencia de rectores. Las universidades piden al Gobierno una moratoria en la aplicación de la ley y una solución que tenga en cuenta "la singularidad" de la actividad de I+D+i que realizan.

Fernández, también rector de la Universitat de Lleida, ha asegurado en rueda de prensa tras la Asamblea General de la Crue celebrada este viernes en Cádiz que las universidades están de acuerdo con la filosofía de la ley, que busca más transparencia en la adjudicación de contratos públicos y es una transposición de una directiva europea. Pide sin embargo al Ministerio de Ciencia y Universidades, con quien pedirá un encuentro con la mayor brevedad, una solución para no sobrecargar con más burocracia a los investigadores.

En la reunión que espera mantener con el ministro Pedro Duque para abordar un asunto que consideran de una "urgencia extrema" solicitarán también un estudio comparativo de cómo se ha aplicado la ley en las universidades de otros estados miembros de la Unión Europea. Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, ha señalado el modelo alemán, donde la investigación universitaria está exenta de la normativa.

Fernández cree que "no se debe desconfiar sobre la gestión de los recursos públicos" que hacen las universidades. "Merecemos el beneplácito de que somos alguien que administra bien y de forma transparente y correcta", ha insistido.

En la práctica, aunque el tema tiene muchas vertientes y detalles técnicos, los investigadores se están viendo afectados por una sobrecarga de burocracia. La ley marca también, entre otras cuestiones, un límite de gasto con un determinado proveedor, sin pasar por licitación ni concurso público, de 50.000 euros para toda la universidad. "Los investigadores tienen que estar pendientes de cuándo se ha llegado al límite, pero de la universidad en su conjunto, no de su proyecto, y esto dificulta mucho su trabajo; los investigadores no pueden estar en la gestión de ese tipo", ha explicado Aranda, nueva vicepresidenta de la Crue.

"Es un tema de una gran complejidad técnica", ha reconocido el presidente del organismo que agrupa a 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas. La solución no implica solamente al Ministerio de Ciencia y Universidades, sino también al de Hacienda.

Más universidad en la agenda del ministerio

Los rectores han hecho una valoración muy positiva de la creación del nuevo ministerio dedicado a ciencia y universidades, una reivindicación histórica de los rectores. Fernández ha trasladado, no obstante "un puntito muy pequeño de preocupación" porque se habla más de ciencia que de universidades. "Las universidades hacen la mayor parte de la investigación de este país", ha recordado, y ha hecho un llamamiento en nombre de la Crue para que "aparezcan más en la agenda del ministerio".

Los rectores piden también al Gobierno una nueva ley general de universidades, que se concrete en un pacto de Estado o una ley orgánica. "Hemos concertado la aquiescencia de importantes agentes sociales", ha asegurado Fernández, que ha avanzado que en septiembre harán público en el Congreso un comunicado consensuado con consejos sociales, cámaras de comercio, patronal y sindicatos, CSIC y la coordinadora de estudiantes CREUP.