Fraude en la oficina contra el fraude de Cataluña
La Sindicatura concluye que Daniel de Alfonso cobró 70.000 euros de forma irregular cuando dirigía la OAC
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), un organismo ideado para prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas, se convirtió durante el mandato del magistrado Daniel de Alfonso en todo lo contrario: un nido de fraude y prácticas irregulares. Así lo constata ahora un informe de otro organismo de control, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que enumera una serie de infracciones de las que considera máximo responsable a De Alfonso. En 2015, el magistrado percibió cerca de 70.000 euros de forma irregular, según el informe, que aprecia indicios de delito.
Que De Alfonso condujo a la OAC al descrédito institucional era algo conocido. Que la llevó al terreno de la ilegalidad es algo que ahora ha puesto de relieve la Sindicatura. De Alfonso fue destituido en junio de 2016 después de que salieran a la luz sus conversaciones con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz en las que ambos conspiraban contra políticos independentistas. Nada se sabía con certeza, sin embargo, de sus manejos contables en la oficina que un día fue bandera contra la corrupción y cuya credibilidad trata de rescatar ahora su nuevo director, Miguel Ángel Gimeno.
La Sindicatura concluye que De Alfonso no tenía derecho a percibir un trienio -que le supuso unos ingresos extra de 49.086- por su condición de alto cargo. El informe subraya, además, que contabilizó los trienios generados en su anterior etapa como juez -fue magistrado de la Audiencia de Barcelona- "como si hubieran sido generados en la OAC". De Alfonso también percibió otros 20.005 euros como "complemento de calidad"; un complemento que se autoasignó en base a un cálculo "sin ninguna justificación" y al que, de todos modos, tampoco tenía derecho precisamente por su condición de alto cargo. La Sindicatura cree que esos hechos pueden ser "perseguibles administrativa y judicialmente".
Pero el magistrado no solo cobraba de más, sino que pagaba de más. En junio de 2015, autorizó el pago de esos "complementos de calidad" a todo el personal de la OAC, lo que supuso un gasto de 281.000 euros. Ese dispendio incluía 9.721 euros para su directora adjunta, Maite Masià. La oficina también pagó de forma indebida otros 42.687 euros al jefe de recursos humanos por un trienio que generó "en una empresa de La Rioja".
Los excesos salariales de De Alfonso son solo una de las numerosas irregularidades que detalla el informe.Solo en materia de personal, la Sindicatura advierte de que la OAC incorporó a funcionarios sin ajustarse a la Ley de Presupuestos, que exigía requisitos de "excepcionalidad" y "urgencia". La Sindicatura constata que, ese año, el personal laboral suponía casi el 40% de las plazas, cuando "por carácter general" deben ser ocupados por funcionarios. Además, las incorporaciones se hicieron "de forma directa, sin ninguna convocatoria pública para cubrir las plazas".
Descontrol total
El descontrol en Antifraude iba más allá y entra en plena contradicción con lo que esa institución representa. En 2015, sus altos cargos no formularon "ninguna declaración de actividades ni la declaración patrimonial y de intereses". Tampoco disponía de un portal de transparencia donde, según la normativa, debía informar de los contratos y convenios. Los profesionales de la OAC revisan procedimientos de adjudicación de otras administraciones. Pero los suyos resulta que también eran irregulares. La OAC, dice el informe ahora conocido, registró gastos de servicios "sin hber realizado el procedimiento de contratación" correspondiente. Lo hizo en materia de viajes (63.920 euros), suministro de energía (40.145 euros) y telefonía (18.943).
El organismo no disponía entonces de "ningún mecanismo de control horario" del personal, por lo que no podía tener criterio para asignar tiquets restaurante o indemnizaciones por trabajar desde casa. Ese año también practicó a sus trabajadores retenciones de IRPF "inferiores" a las establecidas. La Sindicatura reprocha a la OAC que, para su gestión, utilice documentos de Word y Excel en lugar de los programas de la Administración. Es un sistema de "poca fiabilidad" que hace difícil "seguir la pista a la auditoría".
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