Los auditores europeos piden a Bruselas mano dura con los países más endeudados
El Tribunal de Cuentas advierte de que los Estados miembros carecen de margen para afrontar una nueva recesión
Nadie sabe cuándo estallará la próxima recesión. Ni con qué fuerza golpeará a Europa. Pero los ciclos económicos siguen existiendo, y los auditores europeos creen que los Estados miembros no se están preparando como deben para cuando lleguen las vacas flacas. En un informe publicado este jueves, el Tribunal de Cuentas apunta a la elevada deuda pública de los socios comunitarios como el gran punto débil de los Veintiocho si la crisis vuelve a las andadas. Aunque señala a los jugadores, el estudio carga las culpas contra el árbitro: lamenta que la Comisión Europea haya permitido incumplir las reglas sistemáticamente, y le acusa de no haber ejercido su trabajo de garante de las finanzas públicas como debía.
"Las disposiciones en materia de flexibilidad introducidas por la Comisión no estaban sujetas a la duración del período de crisis y, de hecho, en la práctica llegaron demasiado lejos", critica Neven Mates, encargado del informe y antiguo directivo del FMI.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el instrumento con el que la Comisión Europea puede aflojar o apretar la soga al cuello de los países incumplidores. El presidente del BCE, Mario Draghi, suele calificarla como el ancla de confianza en el proyecto europeo. Sus normas giran en torno a dos cifras (3% de déficit sobre PIB y 60% de deuda pública). Tras años de avisos y amenazas de multa, solo España sigue por encima del primer umbral en el déficit.
El segundo, el de la deuda soberana, es mucho más concurrido: 15 países de la UE lo superaban a cierre de 2017, entre ellos Grecia (178,6%), Italia (131,8%), Portugal (125,7%), Bélgica (103,1%) y España (98,3%). Los auditores acusan a la Comisión de reducir la exigencia del ajuste y no prestar la suficiente atención al asunto. "Esto resulta especialmente preocupante en el caso de algunos Estados miembros con elevadas proporciones de deuda pública, porque en la próxima recesión, su sostenibilidad presupuestaria puede provocar preocupación en los mercados", advierten.
Pese a las altas tasas de crecimiento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que habrá que esperar al menos hasta 2035 para que la deuda pública española caiga por debajo del 60% del PIB, el tope que se fijó en los criterios de Maastricht para crear la moneda única. Los auditores europeos creen que Bruselas ha pecado de flexible, y le insta a emplearse con mayor dureza. "La Comisión debería garantizar que los objetivos presupuestarios se cumplan en un plazo razonable y aplicar normas más estrictas a los Estados miembros muy endeudados", afirman.
El contexto parece favorable por el lado de la economía. La UE crece por encima del 2% y ninguno de los Veintiocho estados camina en terreno negativo. Sin embargo, no está tan claro que lo sea por el lado de la política. Con el Brexit de fondo e Italia (una de las economías más endeudadas) agitando la eurofobia y criticando las intromisiones de Bruselas, el momento más idóneo para que el ejecutivo comunitario se embarque en una espiral de reproches no acaba de llegar.
La bonanza macroeconómica está ahí, como se encarga de recordar la Comisión Europea con el último gran mantra que ha salido de los atriles de Bruselas, el de la sólida recuperación. Por eso los auditores estiman llegado el momento de asegurarse de que los ratios de deuda pública disminuyen al ritmo que deben. "En el período de recuperación y expansión comprendido entre 2014 y 2018, los saldos estructurales de varios países muy endeudados se han desviado de sus objetivos o han convergido hacia ellos a un ritmo tan lento que está lejos de garantizarse una mejora sustancial antes de la próxima recesión", afirma Neven Mates.
El Tribunal de Cuentas ve necesario, en fin, contar con un margen de maniobra para las recesiones hoy inexistente, por lo que reclama a la Comisión que sea didáctica pero firme. "Las recomendaciones específicas por país deberían incluir exigencias de ajuste explícitas, con una explicación más clara de su justificación y de los riesgos si no se aplican", aconseja.
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