Un debate necesario sobre los usos de la inteligencia artificial

El informe de la Universidad de Stanford, Artificial Intelligence and Life in 2030, es el primero del ambicioso proyecto One Hundred Year Study on Artificial Intelligence, que se propone examinar sistemáticamente los efectos de la Inteligencia Artificial (IA). Y lo hace en áreas tan diversas como el transporte, la sanidad, la educación, el mundo laboral, la utilidad del tiempo de ocio o la seguridad pública, sin descartar otros aspectos más filosóficos, relativos a la propia naturaleza humana, que se dejan para futuras entregas del proyecto. El preámbulo del informe es muy elocuente: hay que promover urgentemente el debate en torno a las grandes cuestiones que afectarán a la equidad y la deshumanización, el trabajo y las rentas.

El estudio es un alegato en favor de la IA. Pero, a la vez, advierte de que el diseño de sus aplicaciones, así como las decisiones políticas que se tomen, ejercerán una poderosa influencia a corto y largo plazo sobre la naturaleza y el enfoque de sus desarrollos. Esto equivale a convertir a investigadores, desarrolladores, científicos sociales y autoridades políticas en garantes a la hora de equilibrar los imperativos de innovación con los mecanismos que prevengan sus usos nocivos.

En 2016, la Administración Obama dio a conocer La inteligencia artificial, la automatización y la economía, un informe que detalla cómo un mayor despliegue de la IA y la automatización podrían impulsar el crecimiento económico, al generar nuevos tipos de empleo y mejorar la eficacia de muchos negocios. Aunque también señala los efectos negativos: la destrucción de empleos y el correspondiente aumento de la desigualdad de ingresos. El documento señala las respuestas políticas como propuestas para abordar el impacto de la IA sobre la economía de EE. UU. En general, se recomienda que las autoridades deben apoyarla por sus muchos beneficios probables, teniendo en cuenta que también deben proteger de las perturbaciones que puedan afectar al medio de vida de millones de personas. 

Otro informe elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) analiza qué países están más preparados para la inminente ola de automatización, con tecnologías como la robótica y la Inteligencia Artificial, y cómo la integrarán en sus economías. Francia, por ejemplo, ha tomado nota y lleva ventaja. Como apunta José María Lassalle, en un artículo reciente: «Emmanuel Macron estaría haciendo evolucionar su cesarismo y adaptándolo a las exigencias que plantea la frontera más vanguardista del poder en el siglo XXI: los algoritmos». Su estrategia geopolítica pasa por «un cesarismo que centralizaría el único activo competitivo que tiene Francia frente a Estados Unidos y China: los matemáticos teóricos. Un activo histórico cultivado desde Descartes y Pascal y que hace que tenga casi dos millares de matemáticos de primer nivel, agrupados alrededor del INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique)».

Lamentablemente, la ausencia del debate político (entre partidos, líderes e instituciones) sobre la IA en España es un grave déficit de nuestra visión estratégica del futuro y un preocupante desconocimiento de cómo la IA cambiará la política, el sector público e incluso el mismo concepto de democracia como lo hemos conocido hasta ahora. Aunque hemos acogido, recientemente, un evento importante y el debate se profundiza en entornos académicos y en diversas iniciativas de innovación. Expertos mundiales en IA se reunieron a principios de marzo de este año para debatir sobre las promesas, los riesgos y la realidad de las aplicaciones de la IA. Convocados por B·Debate, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”, junto con el Instituto de Biología Evolutiva (IBE-CSIC / UPF) y el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (CSIC), promovieron la Declaración de Barcelona para el buen desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial en Europa.

«Creemos que la IA (‘una colección de componentes computacionales para construir sistemas que emulan funciones llevadas a cabo por el cerebro humano’, así es definida en la Declaración) puede ser una fuerza para el bien de la sociedad, pero también hay preocupación por el uso inapropiado, prematuro o malicioso como para justificar la necesidad de sensibilizar sobre las limitaciones de la IA y la acción colectiva para garantizar que se utilice realmente para el bien común de manera segura confiable y responsable. La presente declaración es un paso en esta dirección. Por lo que propone elementos para un Código de conducta para los profesionales de la IA (desarrolladores y usuarios de IA) en Europa.» Según los responsables, «la declaración pretende sensibilizar a la sociedad de los beneficios y los riesgos que implica el desarrollo de la Inteligencia Artificial y comprometer a quien la diseña, implementa o utiliza con principios de prudencia, transparencia, responsabilidad y fiabilidad.»

En un artículo reciente, La inteligencia artificial pide un puesto en la mesa, publicado en El País, los profesores Antonio Bahamonde y Amparo Alonso insisten en que «tanto las oportunidades como los desafíos en materia de IA y uso de datos personales requerirán de empresas, Gobiernos y sociedades que entiendan de datos, de algoritmos, de su alcance y de sus limitaciones». Y en su Global Risks Report 2017, el Fórum Económico Mundial alerta de que la gestión de la IA está entre los principales retos que será necesario afrontar en el corto plazo, juntamente con los riesgos globales —económicos, geopolíticos y medioambientales— y los desafíos políticos y sociales relacionados con las desigualdades y la precariedad.

En política, cambiar la explicación de un problema por su simple predicción es la renuncia más cobarde. Es dejar la resolución de lo complejo —siempre confuso, siempre imperfecto— a su desenlace incierto. Es abrir la puerta a la resignación. Necesitamos, urgentemente, introducir el debate sobre el desarrollo de la IA en nuestra cultura política. Cuando la política, por incapacidad, pereza o desconocimiento, va por detrás de los cambios sociales o tecnológicos, asume un rol de notario de una realidad a la que renuncia a enmarcar, orientar y condicionar. El déficit de debate político y público en relación a la IA apunta, inevitablemente, a que los posibles riesgos sean mayores que las seguras oportunidades. Cuando la política claudica no es que la IA pueda ser solo desigual, es que puede acabar siendo ingobernable.

 Antoni Gutierrez-Rubí es asesor de comunicación