Este martes la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en coordinación con sus filiales, PDVSA Petróleos, S.A. y PDV Holding, Inc., demandó la nulidad de los contratos suscritos en 2016 por PDVSA para la emisión del bono PDVSA 2020.
Esta operación fue cuestionada por la Asamblea Nacional antes de la emisión del bono, no solo su racionalidad financiera sino además, el colateral sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. Con esa transacción el régimen de Maduro no solo agravó la situación financiera de PDVSA, sino además, colocó en riesgo el activo más importante de PDVSA en el exterior.
Uno de los primeros objetivos del Gobierno legítimo ha sido proteger los activos de Venezuela en el extranjero, al ser ellos necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja. Este objetivo ha sido respaldado por la comunidad internacional y en especial por el Gobierno de Estados Unidos, quien el pasado 24 de septiembre otorgó las medidas de protección que permiten a PDVSA demandar la nulidad del bono 2020 sin riesgo de perder Citgo.
De acuerdo con los lineamientos para la renegociación de la deuda aprobados el pasado 1° de julio, el Gobierno legítimo y la Asamblea Nacional reconocerán todas las reclamaciones legítimas heredadas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero esto proceso exige, con la cautela y rigor del caso, evaluar las reclamaciones basadas en contratos suscritos por los regímenes de Chávez y Maduro en violación a la Constitución. En tales casos, el objetivo siempre será solucionar las diferencias que puedan surgir de manera amistosa.
De no lograrse ese objetivo, el Gobierno adoptará todas las acciones legales para asegurar el respeto de la Constitución, sin cerrar nunca la puerta la solución amistosa de esas reclamaciones.
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