Los cierres de Alcoa coinciden con una rebaja del 40% del incentivo eléctrico a la industria

Tras conocer la intención de Alcoa de cerrar dos de sus tres fabricas en España (las de Avilés y La Coruña) y despedir a todos sus empleados, 317 y 369, respectivamente, el Gobierno reaccionó ayer desvelando que la multinacional estadounidense ha recibido ayudas en la factura de la luz por 1.000 millones en la última década. No se trata exactamente de una ayuda pública, pues no sale de las arcas del Estado, sino de un descuento en la tarifa que recibe la gran industria, y que paga el resto de usuarios, a cambio del servicio de interrumpibilidad. Las empresas que lo ofrecen modulan su producción en función de las necesidades del operador, REE, que también puede cortarles el suministro.

 La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró que, efectivamente, las plantas de Alcoa en España se han llevado cada año un 30% de un incentivo que está bajo la lupa de Bruselas y que este año se ha recortado un 40% respecto a 2017 (316 millones frente a 525 millones) y supone menos de la mitad que en 2013 (ver gráfico).

El anuncio del coloso del aluminio ha vuelto a sonar al chantaje que ya protagonizó en 2014, cuando dio los primeros pasos para cerrar sus dos viejas plantas tras quedar fuera de la subasta de interrumpibilidad celebrada por primera vez ese año. Sin embargo, en esta ocasión, Alcoa no ha apelado al coste de la energía como principal motivo para el carpetazo, sino a otros de tipo estructural, como la fuerte competencia china, con factorías modernas y eficientes o al incremento del precio de las materias primas. Entre esta año y el pasado las dos fábricas en cuestión han perdido 100 millones de euros.

Fuentes conocedoras del proceso opinan que Alcoa ha tirado definitivamente la toalla, a la vista del escaso margen que Bruselas permite al Gobierno para ayudar vía tarifa a la gran industria. Por mucho que Alcoa haya sido la beneficiaria de un tercio del incentivo, este ha sido limitado por la Comisión Europea a 270 millones anuales, más que Italia. Además, cada vez es mayor el número de plantas que acude a las subastas, por encima del centenar.

Atrás han quedado los buenos años en que las cinco mayores instalaciones industriales españolas responsables de casi un 20% del total de la demanda eléctrica (propiedad de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa) se beneficiaban de una tarifa mínima (la llamada G-4) que financiaba el resto del sistema (los usuarios domésticos pagaban 20 veces más que aquellas por el kWh). Fruto de la privatización en 1988 del grupo público Inespal, propietario de estas plantas, Alcoa pactó con la SEPI ayudas para lograr buenos precios de la electricidad.

Tras la normativa europea que puso fin en 2007 a las tarifas reguladas a la industria, el Gobierno optó por firmar contratos por un polémico servicio de interrumpibilidad para mantener la ayuda a la industria electrointensiva, pero a la que se sumaron otras más pequeñas. Ya en 2014, presionado por Bruselas, el Gobierno de Mariano Rajoy ideó un mecanismo de subastas con el que redistribuyó un incentivo ya menguante entre muchas más instalaciones.

Las grandes se lamentan también de las escasas compensaciones que reciben por el coste de los derechos de emisión de CO2. Una partida presupuestaria de entre 6 y 7 millones de euros, que, para el año que viene está en el aire, como la propia Ley de Presupuestos.

Los ministerios de Industria y de Transición Ecológica han puesto manos a la obra para intentar frenar una crisis que se le puede escapar de las manos. Aunque se ha hecho referencia a la posibilidad de que algún inversor pueda comprar las plantas de Avilés y la Coruña, ya Alcoa las puso en su día en venta y no recibió ninguna oferta.

Tras elanuncio de Alcoa, la ministra Ribera planteó ayer la posibilidad de “repensar” la próxima subasta de interrumpibilidad, prevista para noviembre. “A lo mejor esto nos hace es retrasar la convocatoria para evitar una distorsión y se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar”, en alusión a un reparto del incentivo sin incluir estas fábricas. “Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes”, señaló la ministra, quien criticó la sorpresa del anuncio.