Último mazazo a la banca: peligra hasta la mitad de su beneficio en España

Un famoso gestor suele diagnosticar que la banca es la piñata a la que el mercado pega siempre que puede. La presión regulatoria y el entorno de tipos bajos justifican esta aversión hacia el sector. La sesión de este jueves fue un nuevo ejemplo, con la sentencia del Supremo que deja la puerta abierta a que las entidades, y no el cliente, asuman los impuestos de la constitución de las hipotecas.

La decisión fue sorpresiva para la banca y para las asociaciones de usuarios, ya que se basa en una ley de hace más de dos décadas y contradice su propia jurisprudencia, al anular un artículo del reglamento del impuesto, que declara que el sujeto pasivo es el prestatario, es decir, el cliente hipotecado, por lo que no cabe que tenga que soportar el impuesto. La sentencia deja muchas dudas. Tras la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contradice su criterio todavía queda que se pronuncie la Sala de lo Civil del alto tribunal. Asimismo, queda en el aire la retroactividad para las hipotecas constituidas antes de 2014, algo que no tienen claro los abogados consultados.

En cualquier caso, la sentencia ya ha metido el miedo en el cuerpo a la banca. El índice que aglutina a las seis entidades del Ibex 35 (Ibex 35 Banks) se fue a mínimos desde 2016, con caídas de más del 6% para el Sabadell y Bankinter, del 5,11% para Bankia, del 4,54% para CaixaBank y de más del 2% para el Santander y BBVA. Fuera del selectivo, Liberbank se desplomó un 6,76% y Unicaja, un 5,34%. En total, se han destruido más de 5.000 millones de capitalización bursátil.

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La única estimación que había hasta este jueves era de Moody’s, que en marzo calculó un impacto mayor que el de las cláusulas suelo con una factura de entre 3.500 y 4.000 millones. Los analistas han rebajado las estimaciones al profundizar el estudio, pero el mordisco sigue siendo relevante por un concepto que no está provisionado. En el banco suizo Mirabaud, estiman un coste de 1.523 millones de euros, mientras que los analistas de Renta 4 hablan de 2.000 millones y los de AFI, de 2.300 millones.

Esta horquilla de entre 1.500 millones y 2.300 millones entra dentro del consenso de los primeros cálculos de los expertos, y ha estado muy interiorizada para los inversores. La banca cotizada generó un beneficio neto de 2.312 millones de euros con su negocio en España entre enero y junio, con lo que si se anualiza esta cifra, el impacto rondaría entre un tercio y un 50% de las ganancias.

Por su parte, los bancos adheridos a las patronales AEB y CECA lograron un beneficio neto de 15.000 millones en 2017, con lo que, sobre el resultado global, el golpe sería de hasta el 15%. Banco Santander y BBVA serían las dos entidades menos afectadas por su internacionalización. Pero el consejero delegado y futuro presidente de BBVA, Carlos Torres, siempre recuerda que la organización de estos grupos es de múltiples puntos de entrada para evitar contagios —como ha recordado varias veces por la crisis de Turquía—, con lo que afectaría a la solidez del negocio español igual que al resto.

Sobrerreacción del mercado

Santander, BBVA y CaixaBank son líderes en cuota en España. Aunque en las primeras quinielas los analistas apuntan a otros bancos como los más afectados. En AFI, recuerdan que entre 2014 y 2018 se han formalizado hipotecas por valor de 177.000 millones, con lo que arrojando un multiplicador de 1,3 para contabilizar la base imponible —que suma al principal los intereses, costas y otros gastos—, y aplicando un 1%, el coste sería de 2.300 millones. Si hubiera retroactividad, en 15 años se han formalizado 1,1 billones, con lo que el impacto sería casi inasumible.

El castigo bursátil, añaden en un informe a clientes, ha estado correlacionado con el daño potencial de la sentencia. Eso sí, como suele ser habitual, ha habido “una fuerte sobrerreacción del mercado, con caídas de valor que prácticamente duplican el potencial quebranto estimado en el escenario analizado”, señalan en AFI.

Estos expertos calculan un posible golpe de más de 300 millones para BBVA y CaixaBank, que perdió 1.000 millones de valor en la sesión, de algo menos de 300 millones para Bankia, de 150 millones para Sabadell y de 100 millones para Bankinter, firmas que han restado más de 400 millones a su capitalización en un día. En Unicaja y Liberbank, el deterioro bursátil ha sido de 100 millones, mientras que la amenaza por la sentencia es cercana a los 50 millones. El caso más llamativo es el del Santander, que ha caído casi 2.000 millones en capitalización, y la factura ascendería a menos de 200 millones, siempre según los cálculos de AFI.

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Desde Renta 4, admiten que falta información para afinar el cálculo, aunque en base a la cartera hipotecaria señalan a Bankia y Liberbank como los bancos más perjudicados, con saldos de 13.187 millones y de 74.899 millones respectivamente en hipotecas, lo que supone un 60% de la inversión crediticia bruta. Este porcentaje se reduce hasta el 56% en Bankinter, el 46% en Sabadell España y el 41% en CaixaBank, mientras que BBVA o Santander bajan del 30%.

El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) tiene tipos diferentes por comunidad autónoma, con una presión fiscal que varía entre el 0,5% de regiones como Madrid o el 1,5% de comunidades como Andalucía, con lo que la devolución superaría a los ingresos que reciben por la mayor parte de sus hipotecas mientras el euríbor siga en negativo. La variable geográfica es clave, ya que Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana concentran la mayoría de reclamaciones presentadas en el Banco de España, recuerdan en Mirabaud.

También hay analistas que suben la factura hasta el rango de entre 6.000 y 9.000 millones, señala Victoria Torre, de Self Bank. "Santander, BBVA y Bankia serán las entidades que más dinero tengan que devolver, si bien el impacto no sería tan significativo como en entidades más pequeñas", añade Torre.

¿Habrá retroactitividad?

Partiendo de la distribución geográfica de las reclamaciones y de la cartera hipotecaria de los bancos, y del saldo medio de las hipotecas, los analistas de Mirabaud creen que Bankinter, Bankia y Sabadell serían los bancos más perjudicados, con una concentración en las regiones citadas de más del 60% del libro crediticio, e “importes elevados” de las hipotecas medidas. En el lado opuesto está Liberbank, cuyas hipotecas medias están en 60.000 euros y que tiene un 27% de la cartera en estas comunidades. Unicaja cuenta con la misma cifra en promedio, aunque con una exposición muy elevada a Andalucía, del 51%.

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El escenario podría empeorar, advierte el analista de bancos de Mirabaud, Gonzalo López, si en las reclamaciones de devolución se incluyen al impuesto los gastos de notaría, gestoría o tasación. Aunque el aspecto más relevante, si la sentencia acaba siendo definitiva —queda la Sala de lo Civil del Supremo—, es si se aplica retroactividad antes de 2014. De hecho, los analistas apuntan a Bankia como uno de los más perjudicados, pero la entidad parcialmente nacionalizada estuvo entre las menos activas en concesión de hipotecas entre 2014 y 2017, con una nueva producción de 4.200 millones, según cifras del banco, con lo que el impacto se limitaría a una cifra cercana a los 40 millones si no hay retroactividad, muy por debajo del resto.

Sentencias similares no incluyen retroactividad, según la jurisdicción contencioso-administrativa, apuntan fuentes financieras en base al análisis jurídico preliminar, pero en el recuerdo de todos los bancos está la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelo. Las patronales AEB y CECA se han limitado a confirmar que cumplirán con el nuevo criterio del Supremo, pero piden a los poderes públicos "mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario".

En cualquier caso, este mismo análisis jurídico recuerda que, en caso de que se intentase la retroactividad, la forma de operar sería que los prestatarios —los clientes hipotecados— tendrían que reclamar a cada Hacienda autonómica la devolución, y la Administración lo rechazaría por considerar que no tienen derecho por haber prescrito tras cuatro años.