Los vigilantes de un centro de menores de Euskadi denuncian delitos sexuales y de drogas

“Introducción y hallazgo de sustancias estupefacientes”, “relaciones íntimas entre menores y educadoras”, “desprotección de menores…”, son los presuntos delitos que vigilantes de seguridad del centro de internamiento de menores Ibaiondo, en Zumarraga (Guipuzkoa), han denunciado ante la policía y de los que hacen responsable al director del centro y al Gobierno vasco, del que depende la citada instalación. La denuncia, presentada el pasado 27 de julio y comunicada a la Fiscalía de Menores de Guipuzkoa, contiene incidencias ocurridas entre septiembre de 2012 y marzo de este año que revelan “varios delitos e infracciones administrativas” que se habrían cometido con el conocimiento del responsable educativo del centro, a quien acusan de “ocultar y encubrir a las autoridades competentes” la existencia de dichas irregularidades.

La directora de Justicia del Gobierno vasco, Loly de Juan, ha afirmado no tener constancia de la denuncia sobre unos hechos que ha calificado de “muy graves si fueran ciertos”, y ha añadido que el director de Ibaiondo, con el que se puso en contacto ayer, le ha asegurado que “no conoce nada y que no son ciertas” las graves acusaciones. De Juan ha expresado la voluntad de su departamento de investigar la veracidad de los hechos y de colaborar con la justicia en su esclarecimiento.

La denuncia ha sido interpuesta por el vigilante Óscar Bruña Ruipérez en nombre de 15 de los 16 trabajadores de seguridad adscritos a Ibaiondo. Hacen responsable al encargado educativo del centro de menores, Pablo Martínez Larburu, de estar “al corriente” de varios delitos que se vienen cometiendo en el mismo y ante los que no actuó “en consecuencia”. Entre los hechos denunciados se cita el tráfico de droga dentro de las instalaciones y las “relaciones íntimas” que habrían mantenido internos menores de edad con educadoras del centro. Los vigilantes sostienen en su escrito que “muchas de estas [presuntas irregularidades] violan la legalidad”.

La plantilla de trabajadores ha desmentido "categóricamente" a través de un comunicado las "actividades ilícitas que esta aberrante acusación intenta hacer creer a la sociedad que ocurren dentro" del mismo. "Resulta tan dañino y fantasioso que ha provocado casi tanto estupor como rabia y rechazo entre los trabajadores. Esto supone una desvaloración y calumnia absolutamente fuera de la realidad", afirman.

El vigilante que dirige la denuncia decidió iniciar acciones judiciales a finales de julio, después de verse sometido a un expediente disciplinario que acabó con su despido y el de otros dos compañeros. Bruña puso los supuestos hechos delictivos en conocimiento de la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián, que dio traslado del caso a un juzgado de Bergara. Además de las 31 páginas de la denuncia, los vigilantes aportan otros 19 documentos (59 folios más), que contiene una “copia impresa de los hilos de correos electrónicos comunicados a distintas instancias y particulares” sobre las posibles irregularidades. También se añaden “fotocopias de informes de incidencias comunicados tanto a la dirección del centro como a la Dirección de Seguridad de Justicia de Gobierno vasco”, en los que “se da traslado e informa de la indebida diligencia de los hechos denunciados”.

Entre la documentación que aportan los vigilantes figuran “informes que revelan las graves, intolerables, muchas veces ilegales condiciones” en las que realizan su trabajo en Ibaiondo, “obligados por lo que creemos una clara conducta delictiva del responsable del centro educativo” de menores, aseguran en el escrito remitido a la fiscalía.

La directora de Justicia del Ejecutivo vasco, en declaraciones a los periodistas en Bilbao, ha dicho que el director de Ibaiondo “niega absolutamente” que se hayan dado relaciones íntimas entre menores de edad y educadores. “No se han dado nunca y nunca se han trasladado a la dirección hechos de este tipo”, ha manifestado De Juan tras pedir explicaciones al responsable del centro.

Respecto a la supuesta introducción y hallazgo de drogas, la directora de Justicia ha puntualizado que se trata de un centro “educativo”, pero “cerrado”, donde “hay intentos” por parte de allegados de los internos “de meter algún tipo de drogas o estupefacientes, que casi siempre son requisados por los propios vigilantes de seguridad, con lo que se quedan en intentos”, informa Efe.

Ibaiondo, el único centro de máxima seguridad de reclusión de menores existente en Euskadi, tiene capacidad para acoger a unos 35 internos. En los últimos meses, tanto los vigilantes de seguridad como el personal educador se han movilizado para protestar por las condiciones laborales y de seguridad existentes en el mismo. Los trabajadores se concentraron en marzo pasado para exigir más medidas de seguridad frente a las “agresiones” que venían recibiendo por parte de menores.

Las quejas se remontan al año 2015, cuando hicieron público que eran víctimas de las “conductas violentas” de algunos internos. También trasladaron a sus superiores que el nivel de seguridad en Ibaiondo se había reducido peligrosamente “debido a la incorporación constante, casi diaria, de nuevo personal de seguridad, sin formar, sin los conocimientos necesarios para intervenir y sin conocer el propio espacio físico y sus rutinas”.

Los vigilantes, subrogados a la empresa Delta, también confirmaron que las medidas de seguridad no eran adecuadas por la “falta de efectivos” suficientes y las condiciones laborales “ilegales” en las que desarrollaban su trabajo. Estos alertaron de que sufrían agresiones de los internos y se vieron obligados a actuar para “evitar dos intentos de fuga de cuatro menores”, además de “intervenir en siete intentos de suicidio”.