El bloqueo político obliga a un ajuste total de 11.000 millones
El Ejecutivo mantiene el aumento del gasto de los ministerios
Consecuencias políticas del bloqueo político a la senda de déficit público en el Congreso: los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez son tan frágiles como parecía, y la aprobación de todas y cada una de las medidas va a ser un auténtico vía crucis. Pero la abstención de Podemos, los nacionalistas catalanes y otros grupos políticos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy tiene también severas consecuencias económicas. Grosso modo: con la nueva senda pactada hace tan solo dos semanas en Bruselas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, España estaba obligada a hacer un ajuste de 5.000 millones de euros para cumplir los objetivos de déficit público. Pero ante ese bloqueo parlamentario, los recortes de gasto o las subidas de impuestos se elevan automáticamente a 11.000 millones.
Esos 6.000 millones adicionales equivalen a toda la inversión pública del Estado en un año en carreteras, ferrocarriles y puertos. Y obligará a todas las Administraciones a ajustarse el cinturón: exige un ajuste adicional de 1.000 millones al Estado, de 2.500 millones a la Seguridad Social (con graves dificultades de financiación) y de 2.500 millones más a las comunidades.
El voto en contra de los nacionalistas catalanes obliga a las autonomías a apretarse el cinturón. De hecho, la Generalitat de Quim Torra tendrá que sacar un ajuste extra de unos 400 millones. Pero las autonomías recibirán el próximo año más dinero que nunca por los anticipos del sistema de financiación.
El Ministerio de Hacienda cree que el revés político que sufrió ayer en el Congreso no le supondrá un gran quebranto. Considera que podrá encontrar un acomodo fácil en los Presupuestos de 2019 para los 1.000 millones que tiene que recortar la Administración del Estado. El ajuste de 2.500 millones extra en la Seguridad Social es otra cosa. La institución arrastra unos números rojos equivalentes a unos 16.000 millones. Pero en el Gobierno creen que la mejora del mercado laboral, el incremento salarial y otras medidas fiscales contribuirán a reducir ese agujero.
El Gobierno del PP dejó el déficit público en el 3,1% del PIB el año pasado: el mayor de Europa, por encima de Grecia y de todos los demás países del euro, con España convertida en el único país que sigue en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad. Economía prevé cerrar el déficit en el 2,7% del PIB este año. Un resultado que ya supone incumplir los deberes de la Comisión Europea.
El nuevo objetivo presupuestario pactado para 2019 es del 1,3% del PIB. La ministra de Economía había desplegado una frenética actividad en Bruselas para pactar una nueva senda con el comisario francés Pierre Moscovici. Este dio su visto bueno a cierta relajación. Pero con una condición: presentar unos Presupuestos creíbles en los capítulos de ingresos y gastos el próximo otoño.
El Congreso, sin embargo, no ha podido tumbar el nuevo techo de gasto, que se informaba pero no se votaba. Así que el límite de compromisos que podrán ejecutar los ministerios el próximo año sube hasta los 125.064 millones de euros, 4,4% más. El techo de gasto se calcula a través de una fórmula en la que tienen mucho peso los ingresos esperados por el Gobierno.
Con el bloqueo en el Congreso de los nuevos objetivos, el Gobierno no tiene más remedio que activar un ajuste adicional, de hasta 11.000 millones, frente a los 5.000 que concedía el margen adicional acordado en Bruselas.
