La decisión de la Generalitat de Cataluña de renunciar a que la concesión del negocio del agua siga en manos privadas endosa este año 800 millones de euros de déficit al Estado, según la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El organismo que preside José Luis Escrivá cree que el déficit terminará en el 2,8% del PIB y no en el ya suavizado del 2,7% que prevé el Gobierno por, entre otras razones, la decisión del Govern de Quim Torra de no volver a licitar la concesión de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), adjudicada a Acciona en 2012.
Ésta ha sido revocada por la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero y la Generalitat tenía la opción de volver a adjudicarla o de mantenerla en manos públicas, y ha optado por lo segundo, con el objetivo de que se convierta "en una estructura de Estado de la república", según ha definido el conseller de Territori, Damià Calvet.
Al no relicitarla, la Generalitat de Cataluña renuncia a unos ingresos multimillonarios que le iba a proporcionar Acciona. Este diario ya informó el pasado 22 de julio del riesgo de que la decisión de la Generalitat supusiera un impacto de 1.000 millones, aunque el vicepresidente, Pere Aragonés, veía factible poder endosar esta factura al ejercicio de 2012 que es cuando se produjo la concesión fallida. Sin embargo, la AIReF considera que el impacto es este año en que se produce la revocación y estima el daño en los mencionados 800 millones.
Todo arranca de la adjudicación del Govern de Artur Mas en 2012 de ATLL a Acciona en detrimento de Agbar en un proceso trufado de irregularidades internas en la propia Generalitat. El Supremo terminó revocando la concesión a Acciona el pasado febrero y exige una indemnización cercana a mil millones por los que tendrá que responder la Generalitat. Esta segunda consecuencia para las arcas públicas no tendrá impacto este año en el déficit, pero sí en el futuro, según diriman los tribunales. La indemnización deberá ser pagada por la Generalitat, pero dada su situación financiera es difícil que pueda hacer frente a tamaño gasto sin el apoyo estatal.
La Fiscalía investiga presuntas presiones de Artur Mas a sus funcionarios para que fuera Agbar la ganadora en la época.
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