Enésimo intento para tapar los coladeros fiscales

El sellado de todas las rendijas fiscales que se han ido abriendo en los tabiques internos y las paredes exteriores de la Unión Europea ha acabado siendo para Bruselas una tarea casi artesanal. Ante la imposibilidad de atacar todos los frentes de golpe, la Comisión Europea ha ido tratando de usar varias bazas para rebajar la competencia entre las haciendas de los países miembros de la UE o atajar la evasión fiscal. Pero en no pocas ocasiones, el ejecutivo comunitario se ha dado de bruces contra otro muro: el de la unanimidad que exigen las decisiones fiscales en el seno del Consejo de la UE.

La Comisión Europea ha constatado que varios países de la Unión Europea sufren una erosión de su recaudación fiscal por las prácticas de grandes multinacionales, en especial las tecnológicas. El último informe de Eurostat arroja que los ingresos de los Estados por el impuesto de sociedades se han estancado alrededor del 2,7% del Producto Interior Bruto, todavía lejos de los niveles anteriores a la crisis. Y ello a pesar que en los últimos años ha crecido la actividad económica y el número de empresas.

La bajada generalizada de ese tributo explica, en parte, ese descenso. Según Eurostat, entre 2003 y 2018 el tipo con el que se gravan los beneficios empresariales ha descendido de una media del 27,8% al 21,9%, sin contar con el gruyere de las deducciones fiscales. Pero además, las diferencias dentro de la UE son abismales. Los tipos de Alemania o Francia, por encima del 30%, casi triplican los de Bulgaria (10%) o Irlanda (12,5%). Eso ha alentado a que muchas empresas –también tradicionales, como el caso de Grifols— tributen a través de alguno de esos países.

La discusión en el seno de la UE sobre ese tributo siempre ha sido encendida. Reino Unido e Irlanda bloquearon la armonización del impuesto que defendía Francia, cuyo expresidente Nicolas Sarkozy llegó a proponer que se castigara con menos fondos europeos a los países que gravan a sus empresas por debajo de la media de la UE. Los dos primeros intentos de Bruselas de alcanzar un acuerdo, en 2001 y 2011, se atascaron en el Consejo.

Propuesta en dos fases

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, decidió retomar la iniciativa hace dos años con una propuesta en dos fases. La primera consiste en un proyecto de directiva para fijar una metodología común para calcular la base imponible de las empresas europeas. Con ello se quiere evitar cualquier margen de discrecionalidad, competencia desleal entre haciendas o ingeniería fiscal empresarial. La segunda busca que las grandes compañías –que facturen más de 750 millones de euros— consoliden su base imponible para luego repartir el impuesto en los países en los que tienen su actividad. Ambas directivas han sido votadas en el Parlamento Europeo y esperan la difícil aprobación de los países. Francia y Alemania acordaron este año dar un impulso a esas negociaciones, pero de momento Irlanda y Hungría, dos de los países con menor fiscalidad sobre los beneficios empresariales, ya han expresado su firme rechazo a cualquier tipo de armonización.

La lentitud con la que transitan los países en ese terreno ha desplazado ahora el foco hacia las empresas que más aprovechan esos agujeros fiscales: las grandes tecnológicas. Sobre la mesa hay un proyecto de Bruselas para imponer una tasa del 3% a las grandes compañías por la actividad que generan en cada país de la UE. Tanto el comisario Moscovici como países como Francia o España quieren resultados en diciembre para que las grandes tecnológicas dejen de burlar las haciendas de sus países. Según la Comisión, la tasa impositiva media de estas empresas en la UE es del 9,5% —algunas incluso han llegado a pagar menos del 1%— cuando las compañías tradicionales abonan más del doble, una media del 23,2%.

Ese será el mensaje que el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, llevará al Parlamento Europeo el próximo martes. La propuesta, sin embargo, se ha topado con el rechazo de Irlanda, Malta y los países nórdicos, que se aferran a que una tasa de este tipo solo tiene sentido si aplica de forma global en el marco de la OCDE. También genera reticencias en Alemania, cuya industria automovilística teme represalias de la Administración de Donald Trump. De momento, once países —entre ellos España— han decidido aplicarla unilateralmente, mientras que la Unión Europea sigue atacando el frente de la competencia desleal tumbando los acuerdos fiscales ventajosos que considera ayudas de Estado. Este año, por ejemplo, Apple ha tenido que devolver a Irlanda 14.300 millones por ventajas que la Comisión consideró ilícitas.

El último coladero de las instituciones lo constituyen los llamados visados de oro, es decir, las ventas de residencias o nacionalidades a cambio de una inversión inmobiliaria. Un informe del grupo parlamentario de Los Verdes señala que algunos países como Bulgaria o Chipre —que ya están en la lista de los Estados con menor tributación para las grandes sociedades— apenas compartían información fiscal con países de fuera de la UE. Eso hacía que ciudadanos que hubieran comprado una nacionalidad pudieran evadir impuestos hacia jurisdicciones opacas.

La posibilidad de que se creen una suerte de paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea ha encendido las alarmas en la Comisión, que para finales de año prepara un informe con la situación de cada país miembro de la UE y una guía para ese ámbito que recogerá la necesidad de que, por ejemplo, se examinen los antecedentes de las personas físicas que acceden a la nacionalidad.