Un ‘narcoalcalde’ en Torres Torres (Valencia)
El regidor, expulsado del PSOE y condenado a casi ocho años de cárcel, pretende acabar la legislatura tras admitir seis delitos
Rafael Gil Ballester, alcalde de Torres Torres (Valencia) y narcotraficante confeso, intenta disimularlo, pero está exultante. El pasado lunes, la Fiscalía pedía para él 30 años de cárcel por una ristra de acusaciones. Un día más tarde, en cambio, salía de la Ciudad de la Justicia de Valencia para tomarse una cerveza y almorzar, aprovechando un receso del juicio, después de haber cerrado un acuerdo con el ministerio público para no ir a prisión, aunque la última palabra la tendrán los jueces.
Las penas a las que ha sido condenado finalmente como autor de seis delitos suman siete años y 11 meses de cárcel. El pacto ha incluido que la Fiscalía rebaje la petición de cada una de las penas a un máximo de dos años y no se oponga a la suspensión de la pena, lo que le permite ahora acogerse a una posibilidad contemplada en el Código Penal desde la reforma de 2015 y pedir a los magistrados que suspendan su entrada en la cárcel. Los jueces, señalan fuentes de la Audiencia de Valencia, tienden a seguir el criterio de la Fiscalía respecto a la ejecución de las penas.
Gil pretende acabar la legislatura y no descarta volver a presentarse pese a la condena, que incluye pertenencia a organización criminal. "Lo de los 30 años era una locura, nano. Tú no me conoces, pero yo soy buena persona", afirmaba el martes a este periódico.
El regidor fue elegido en 2015 por el PSOE, que lo echó hace dos años. Y antes fue teniente de alcalde con el PP del pequeño municipio, situado entre las sierras de La Calderona y Espadà, en el que hay censados 640 habitantes. En 2016 fue detenido por formar parte de una red de narcotráfico que producía grandes cantidades de marihuana en España y las enviaba a Lituania, desde donde era redistribuida a los países nórdicos. Gil reconoció el martes, entre otros hechos, que utilizó su empresa de transporte para trasladar la droga camuflada entre palés de fruta y latas de tomate.
Por ser miembro de una organización criminal, un delito por el que la fiscal reclamaba inicialmente siete años de cárcel, ha sido condenado a dos. Gil ha obtenido, a cambio de su confesión, reducciones similares en el resto de hechos delictivos que ha reconocido: tráfico de drogas, malversación, encubrimiento, un delito contra los derechos de los trabajadores y blanqueo. El ministerio público ha retirado, además, la acusación de cohecho y falsedad documental que mantenía contra él.
El pacto permite la condena sin juicio de 39 de los 41 acusados, miembros de una organización "perfectamente estructurada". Solo se prevé que dos ingresen en la cárcel, si bien otros seis llevan en prisión provisional desde 2016. El grupo desmantelado por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil tenía dos grandes ramas en España. Una abarcaba Cataluña, y la otra, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental. Entre los condenados figuran los líderes de ambas —por encima de los cuales estaba, en Lituania, "un jefe supremo"—, intermediarios, agricultores y dueños de grow shops, además del alcalde.
Gil, que en una conversación intervenida advierte a su interlocutor que no le puede dar detalles sobre una operación de blanqueo porque su teléfono "puede estar pinchado", no descarta presentarse en 2019. El partido con que lo haga es lo de menos. Su abogado sostiene que su condena y la inhabilitación que conlleva no es firme porque dos acusados han rechazado el acuerdo e irán a juicio. En Torres Torres hay otros seis concejales, del PSOE, PP y Compromís.
"¿Qué tiene que ver esto con mi gestión pública? Yo estoy haciendo una gestión magnífica, el pueblo lo estoy dejando nuevo y la gente está contenta. ¿Esto es una mancha? Sí, y hay que limpiarla, pero yo no he hecho nada", dice el alcalde antes de irse a almorzar.
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