El bono social de la luz y el complementario para la calefacción que prepara el Ministerio de Transición ecológica costarán más de 300 millones de euros, según los cálculos del departamento que dirige Teresa Ribera. “Los números no están cerrados”, advierten fuentes ministeriales, por lo que las cifras finales podrían sufrir alguna modificación. En el extremo superior de la horquilla, con 2,4 millones de renovaciones para los descuentos de la luz y una cifra significativa, aunque inferior, para las ayudas a la calefacción, agua caliente y cocina, la cifra podría alcanzar los 330 millones.
El bono social eléctrico existente hasta ahora cuesta en torno a los 240 millones de euros. Lo financian todas las empresas comercializadoras. Las eléctricas se han resistido siempre a pagarlo. Recurrieron al Supremo, que les dio la razón en 2016, lo que obligó al Gobierno a devolver lo cobrado y a distribuir la carga entre todas las empresas. Hasta entonces, Endesa cubría el 41% de la factura social, Iberdrola el 38% y Gas Natural el 14%. Las demás se repartían el 13% restante.
La extensión del bono social a la calefacción y la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica (1.200 millones) obligarán a Ribera a hacer encaje de bolillos con la estructura de ingresos y gastos del sistema que, por ley, no puede registrar déficits. La idea sobre la que trabaja el Ministerio de Transición para cubrir lo más posible a los 4,6 millones de ciudadanos en situación de pobreza energética la avanzó una iniciativa del propio PSOE en 2017, cuando estaba en la oposición.
En septiembre del pasado año, los socialistas presentaron una proposición de ley para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con la idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas.
La proposición fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias. PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.
Un invierno sin cortes
La propuesta contempla financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad. Y recuerda que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.
Por lo que hasta ahora se sabe, Transición Ecológica trabaja en un bono complementario al de la luz que será en metálico y servirá para pagar combustible de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. La ayuda, a la que se podrán acoger los solicitantes del bono social eléctrico como un complemento, tendrá en cuenta, además de la renta, las características de la vivienda y el clima de la comunidad autónoma en la que esté ubicada.
La idea de Ribera es aprobar las medidas en Consejo de Ministros cuanto antes para que las ayudas estén listas antes de que llegue el invierno y antes de que las subidas de precios que se anuncian para el gas y para la electricidad compliquen más la situación de millones de hogares. En el caso concreto del gas, se anuncian fuertes subidas en la tarifa regulada (TUR) de hasta el 8% a partir del 1 de octubre.
Mientras nace el nuevo bono, Ribera sólo puede administrar lo que hay. O lo que no hay. Sólo un 30% de los potenciales beneficiarios de las ayudas habían solicitado la renovación hasta finales de septiembre. Y el Gobierno sólo cuenta con un partida de 1,4 millones para informar de que el bono está disponible. Demasiada necesidad y demasiado poco dinero.
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