La transición energética en su momento clave

Cuenta José Domínguez Abascal que recientemente en una entrevista que le hicieron en Londres se interesó por la razón de que hubieran invitado al secretario de Estado de la Energía de España y no al de otro país. El representante de Bloomberg, medio que le hacía la entrevista, no tuvo titubeos: “Nos interesa mucho lo que está haciendo España porque creemos que puede ser el primer país de Europa en alcanzar el 100% de renovables en 2050”.

Esa es la gran cuestión: ¿Será capaz España de alcanzar ese porcentaje ese año? No todos, ni en el propio Gobierno, lo ven tan factible. De momento, España tiene un 17,5% de cuota de renovables en energía final, lo que supone que tiene que pegar un empujón considerable a las inversiones en la materia para cumplir los objetivos que Domínguez Abascal desgranaba en el Congreso de empresas del sector de renovables mientras el Congreso de Diputados convalidaba el Real Decreto-Ley sobre pobreza energética aprobado por el Consejo de Ministros hace tres viernes.

Añadió que el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética que enviará al Congreso de los Diputados antes de Navidad y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que debe presentar en Bruselas en noviembre recogerán el objetivo de duplicar hasta el 35% esa cuota (por cierto tres puntos más que el objetivo comunitario), lo que supone ampliarlo en 50.000 megavatios (MW), o lo que es lo mismo, a una media cercana a los 5.000 MW anuales desde ahora, así como contar con entre cuatro y cinco miullones de coches eléctricos y 100.000 viviendas rehabilitadas.

El Gobierno quiere duplicar la cuota de renovables en la energía final hasta 2050

Aunque llegar al 100% resulte una quimera (el propio comisario del ramo, el español Miguel Arias Cañete, reconoció en el mismo foro que para reducir el calentamiento global a 1,5 grados, las energías renovables deberían estar en 2050 entre 70% y el 85% de la producción global de electricidad), no es extraño que por ahí fuera se miren los objetivos de España con tanto interés y que el Gobierno lo entienda como una oportunidad. “Tenemos territorio, empresas, técnicos, financieros y juristas capaces de desarrollar las renovables en condiciones que permiten mantener un ritmo intenso”, en palabras de Abascal.

Dice también Abascal que era “urgente, extremadamente urgente” adaptarse a “una realidad vibrante, rápida y en dirección clara” como es la transición energética. Eso se traduce en acabar con el impuesto al sol, impulsar la movilidad eléctrica, avanzar en tecnologías para el almacenamiento, mejorar la fiscalidad, redondear la regulación del mercado…

Unos objetivos ambiciosos del Ministerio para la Transición Ecológica (es el único que es para algo, no de algo), que se ha convertido en uno de los más activos del Gobierno de Pedro Sánchez. En los cuatro meses de vida, el tándem formado por la ministra, Teresa Ribera, y Abascal no ha parado. Su actividad frenética ha estado propiciada por la intención de dar satisfacción a los protagonistas de un sector atomizado y que nunca ha dejado de poner deberes y de lograr “una transición justa”.

El anuncio de cierre de dos plantas de Alcoa supone el estallido de algo que se veía venir

Sin duda, la transición ecológica es una oportunidad de modernización económica y hay que aprovecharla. Las intenciones son buenas; pero mientras se predica todo esto, los grandes consumidores de electricidad como la industria intensiva (siderurgia, aluminio, química, cerámicas...) y la gran distribución claman al cielo por el encarecimiento. El anuncio de la multinacional de aluminio Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) ha supuesto el estallido de algo que se veía venir desde que los precios mayoristas de la luz se dispararon.

Está bien recordar que Alcoa que se ha llevado más de 1.000 millones de euros en los últimos 10 años como ayudas para pagar la luz por la interrumpibilidad, ese sistema puesto en tela de juicio por Bruselas que consiste en que los grandes consumidores cortan el suministro en función de las necesidades de la red eléctrica, pero también debe reconocerse la necesidad de tomar medidas normativas a través del BOE.

La amenaza de posibles decisiones parecidas a la de Alcoa está latente, lo que hace urgente (tan urgente como la adaptación a la transición) una intervención del Ejecutivo, en la que se produzca una coordinación entre el departamento para la Transición y el de Industria, que dirige Reyes Maroto, que el viernes recibió precisamente a la industria del automóvil.

Precisamente, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, advirtió de que se están viendo cierres temporales en estas plantas en una intervención en defensa del diésel en la que añadió más leña al fuego sobre descabronización. Imaz planteó un debate con “rigor técnico”, atención al medio ambiente, pero también a la industria española y con neutralidad tecnológica.