Más de 55.000 miembros del grupo terrorista Estado Islámico y sus familiares están detenidos en Irak y Siria, dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien pidió que los primeros sean juzgados de forma justa y los segundos repatriados.
“La detención continuada de individuos que no son sospechosos de crímenes, en la ausencia de un control judicial independiente y legal, no es aceptable”, sostuvo.
Bachalet decidió llamar la atención sobre esta situación en su discurso inaugural del Consejo de Derechos Humanos, que empieza un nuevo periodo de sesiones durante el cual abordará situaciones críticas, como las de Venezuela, Sudán, Birmania y la República Democrática del Congo.
La mayor parte de los yihadistas detenidos son sirios e iraquíes, pero también hay excombatientes de cerca de 50 países, algunos de los cuales (Estados Unidos y varios europeos) se muestran reacios a permitir su retorno.
De los detenidos, se sabe que al menos 11.000 son familiares de los yihadistas que se encuentran en el campamento de desplazados conocido como “Al Hol” en la provincia siria de Al Hasaka, en el noreste del país.
Allí la gran mayoría son mujeres y niños que sobreviven en condiciones paupérrimas, sin que hayan sido acusados de ningún delito.
Tanto en ese campamento como en otros lugares en Siria, la ONU calcula que hay un total 29.000 hijos de combatientes extranjeros, de los cuales 20.000 son iraquíes, de menos de doce años.
Bachelet pidió que frente a esta compleja situación se apliquen acciones legales y que todos los sospechosos de crímenes sean juzgados de manera justa porque ésta “es la única manera de proteger a las sociedades de la radicalización y de la violencia”.
En Irak unos 150 hombres y mujeres acusados de haber sido miembros del Estado Islámico han sido sentenciados a muerte, “tras juicios en los que no se han seguido las garantías del debido proceso”, denunció.
Miles de ciudadanos de diversos países, entre ellos británicos, franceses, alemanes y estadounidenses, emigraron a Siria para unirse al plan del Estado Islámico de crear un califato entre Irak y Siria, y ahora algunos de ellos han evocado la idea de retirarles la nacionalidad para evitar su regreso, con un puñado de casos individuales en los que esto ya ha ocurrido.
Bachelet criticó fuertemente tal posición y pidió la repatriación de las familias extranjeras de los yihadistas, recordando que los niños en particular ya sufren fuertes traumas y que incluso en el caso de que hubiesen sido adoctrinados, el deber de los Estados es protegerlos y ofrecerles rehabilitación.
“A pesar de la complejidad de la situación, hacer que las personas se vuelvan apátridas, sin nacionalidad, nunca es una opción aceptable”, declaró.
Por otra parte, la alta comisionada dijo que la situación de conflicto en las provincias sirias de Idleb y de Alepo es alarmante, ya que su oficina ha sido informada sobre cientos de víctimas civiles y de la destrucción de infraestructura civil.
Tales hechos se atribuyen principalmente a ataques aéreos de las Fuerzas Armadas Sirias y de sus aliados.
Esta situación ha llevado al desplazamiento de 200.000 personas, a muchas de las cuales no es la primera vez que la violencia les ha obligado a escapar.
Por otra parte, Bachelet condenó una vez más el alto número de sentencias de pena de muerte de menores en Arabia Saudí e Irán. EFE