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Según un análisis basado en la encuesta realizada por Bunisess Survays 2010 y publicada por el Observatorio Político Dominicano (OPD), las regulaciones laborales no son un problema importante para la empresa dominicana en comparación con otros países de la región.
El estudio en el cual también participan el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI), colocan al país en el puesto número 12 dentro de una lista de 15 obstáculos independientemente del tamaño de la empresa.
También se refiere al reporte crecimiento, empleo y relación social en República Dominicana preparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que coincide con los hallazgos de Business Surveys 2010 y al estudio empleos, salarios y seguridad social en el tránsito de la crisis a la recuperación (Guzmán y Cruz, 2010) en el que se sostiene que “el nivel de rigidez del mercado laboral dominicano no es significativamente distinto al de las economías latinoamericanas”.
El estudio cita datos de la empresa ADECCO Dominicana, que en 2009 estimó los costos laborales de las empresas en 65 por ciento de los salarios base. El sector empresarial se apoya en esta cifra para afirmar que el país tiene la carga social más alta de la región.
Sin embargo, otras estimaciones, como la de Rolando Guzmán (rector de INTEC), dan cuenta que los costos laborales solo representan 47 por ciento de los salarios en las empresas formales del país. Según esta última estimación, la mayor parte de la protección laboral pagada por las empresas dominicanas formales es por concepto de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales), y ronda el 15.3 por ciento de los salarios base de los empleados.
El costo asociado a preaviso y cesantía es bajo y representa aproximadamente 1.5 por ciento del salario dominicano.
El análisis concluye que “en los indicadores usados (ICG y Doing Business) consistentemente se le da mayor peso a los costos del suministro eléctrico, al acceso al crédito, a la corrupción y la burocracia ineficiente, a la tributación, a las cargas para-fiscales y a la deficiente educación de la mano de obra.
