Tras un largo tempo de silencio, sólo interrumpido alguna vez por reflexiones en conferencias públicas en las que alertó de las injerencias políticas en el poder judicial, la juez Alaya ha concedido una entrevista en la que desvela que recibió presiones de Alfonso Guerra y Susana Díaz; que si llega a saber que le iban a quitar el control de los macrocasos no hubiera aceptado el puesto en la Audiencia; que el hecho de que a Manuel Chaves, en el caso ERE, solo esté acusado de prevaricación –José Antonio Griñán lo está además de malversación de caudales públicos–, se debe a maniobras políticas y que el caso de la formación esconde cosas "asombrosas" por las que no querían que se investigara.
En la entrevista que concede a ABC, Alaya dice que en España rige el principio de legalidad, un sistema más avanzado que en otros países occidentales, pero que, en la práctica se pretende imponer el principio de oportunidad y de arbitrariedad a través de la politización del Consejo General del Poder Judicial y la dependencia gubernativa de la Fiscalía General del Estado.
La Constitución, recuerda Alaya, dice que el CGPJ estaría constituido por un presidente y 20 vocales, de los que 8 podrían ser juristas de "reconocido prestigio". Pero luego, el PSOE impuso que 12 de los 20 vocales fueran elegidos por los políticos. El resultado fue que el presidente del Tribunal Supremo, del CGPJ, de la Audiencia Nacional; los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas... todos ellos nombrados por el CGPJ nombrado por acuerdos políticos, lo están a su vez.
Respecto a la reforma judicial que permitirá a los fiscales investigar las causas, en lugar del juez, la considera la "tormenta perfecta" dado que se realiza sin que los fiscales sean realmente independientes y porque los jueces quedan al margen de la marcha de la instrucción hasta la celebración del juicio.
La juez Alaya ha declarado que fue engañada cuando dejó el juzgado de instrucción para ascender, legítimamente, a la Audiencia Provincial de Sevilla. "Yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del GPPJ y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el juzgado para terminar las macrocausas, aunque ganara esa plaza en la Audiencia. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño, porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! ".
La causa de su apartamiento, cree la juez, no fue el caso de los ERE que estaba prácticamente instruido sino el caso del fraude de la formación que incluía cosas "asombrosas". Según la juez, PP y PSOE estaban de acuerdo en que el PSOE siguiera gobernando Andalucía y el PP en otras comunidades autónomas y, seguramente, este fraude de la formación no era exclusivo de Andalucía, sino que estaba presente en otros territorios gobernados por el PP.
Lo más grave del caso para la juez es que "una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se destinaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo…".
Mercedes Alaya subraya que si asumió casi completamente la instrucción porque los jueces de apoyo que se le asignaban suponían la carga de tener que enseñar en qué consistía el sumario y sus entresijos y que no era práctico. "Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma… No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA."
La juez reconoce que hace tiempo que no vota en las elecciones, que no siente tentaciones políticas y que prefiere el servicio público a los bufetes privados.
Respecto a la situación en Cataluña, la juez cree que es legítimo "tener unos sueños, unos pensamientos y unas ideas, pero aquí no se están condenando sueños ni ideas, sino que se están investigando penalmente, con las medidas cautelares que se han estimado necesarias, los actos que conculcan la Constitución y el Código Penal." Y añade: "Desde mi punto de vista ha existido, sin ninguna duda, delito de sedición. La cuestión es que esto no se soluciona con resoluciones judiciales. Estoy hay que abordarlo políticamente".