El déficit público como talón de Aquiles
El vigor de la actual fase de expansión ha facilitado la reducción del déficit público, pero el avance ha sido insuficiente. Los objetivos se han incumplido un año tras otro, y el resultado es que España es el único país europeo sometido al procedimiento de déficit excesivo. Además de mantener un endeudamiento elevado, un legado que tendrán que asumir futuras generaciones.
Todo apunta a un nuevo e importante desvío para el conjunto del presente ejercicio. Así pues, durante el periodo de enero a abril, el déficit del total de administraciones públicas (salvo las corporaciones locales) apenas se ha reducido con respecto al mismo periodo un año antes.
En el caso del Estado, el déficit hasta mayo alcanza más de la mitad del objetivo marcado para el conjunto de administraciones públicas de todo el año. Los ingresos se incrementan a un ritmo anual de en torno al 5%, inferior a lo que muestra la relación histórica entre los impuestos y la renta nacional. Las entradas de impuestos indirectos se debilitan y las del impuesto de sociedades tienden a estancarse, pese al nivel elevado de excedentes empresariales. Por otra parte, el gasto está creciendo por encima del 3%, superando tanto las previsiones iniciales como la regla de gasto. Destaca el aumento de la inversión en infraestructuras y del gasto en personal, que empiezan a recuperar parte del terreno perdido por los ajustes aplicados durante la crisis. La deuda pública ha reemprendido su escalada. En los últimos meses, se ha incrementado en valor absoluto, quebrando la senda registrada desde el inicio de la recuperación. En mayo, el total de pasivos rozó un año de PIB, ligeramente por encima de los valores observados a finales de 2017 y dos puntos más que el objetivo para el año. Objetivo que a fecha de hoy, parece inalcanzable.
Crédito
La financiación a la economía española sigue mostrando un crecimiento débil, inferior al 1% anual. Según los datos divulgados por el Banco de España para mayo, esta situación refleja realidades distintas según el sector que pide el crédito. Mientras que la financiación a las administraciones públicas aumenta por encima del 3%, en consonancia con la evolución del déficit, el crédito a las empresas no financieras mantiene su tendencia descendente (-1.7%). Los hogares, por su parte, han interrumpido el proceso de desendeudamiento (0,1% de aumento del saldo de crédito a este sector).
Los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, contienen nuevas rebajas fiscales y gastos en transferencias, los cuales no permiten vislumbrar un cambio de tendencia. Prácticamente todos los analistas, y la propia Comisión Europea, prevén un déficit de al menos un 2,5% del PIB para 2018, lo que representa un desvío de cerca 6.000 millones de euros. Así pues, aunque España se libraría de los tentáculos del mecanismo correctivo europeo, todavía ostentaría el récord de déficit público. La deuda pública, pese a permanecer lejos de la zona de peligro que ocupan Grecia e Italia, sería la quinta más alta de la zona euro.
El nuevo gobierno, consciente de las estrecheces de la hacienda pública, se ha mostrado especialmente activo en la afirmación de los compromisos europeos en materia fiscal. Sin embargo, también hace frente a fuertes presiones sobre el gasto, por lo que se ha abierto un debate sobre las vías de financiación. Sin duda este sería el momento para definir una estrategia. Un endeudamiento que sirve para desarrollar el capital productivo, por ejemplo, potenciando el capital humano y tecnológico, o fortaleciendo el tejido industrial en base a un modelo energético menos intensivo en carbono, puede resultar una excelente inversión y asentar la sostenibilidad del crecimiento. Sin embargo, la suma de programas que responden a urgencias más o menos legítimas, pero sin coherencia, genera cargas financieras difíciles de soportar, especialmente cuando repunten los tipos de interés. Una contingencia que se espera a partir de 2019.
También hay espacio para mejorar la eficiencia tanto del gasto como de los ingresos. De nada sirve aumentar el presupuesto en I+D, cuando sólo se ejecuta el 20% del dinero disponible. Y de la misma manera, sería ilógico elevar las cotizaciones sociales o los impuestos, sin antes evaluar la utilidad de las numerosas exenciones que erosionan la recaudación.
La contención de los desequilibrios presupuestarios es esencial para reducir la vulnerabilidad financiera del país y a la vez, asegurar una mayor justicia social y entre generaciones. También cuenta la manera de corregir los desvíos. La eficiencia económica y social es mejorable, tanto de los ingresos como de los gastos. De esta forma la consolidación fiscal irá de la mano de mayores cotas de bienestar.
Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas. En Twitter, @RaymondTorres_
