España sufre por la energía: dependencia, precios más caros y subida de emisiones

España tiene un problema con la energía y no se debe solo a la absoluta falta de petróleo en su subsuelo. En los últimos años, el país ha pasado de ser líder mundial en renovables a líder en importaciones de gas y petróleo. Los registros de los últimos meses muestran por qué se han encendido todas las alarmas: la dependencia energética ha crecido dos puntos y ha alcanzado el 76% (datos de APPA) -más de 20 puntos por encima de la media de la UE-; los precios de la electricidad están en niveles récord; las emisiones de gases se han disparado un 4,4%; el peso de las renovables ha caído respecto al conjuto; el consumo de gasolinas bate marcas de una década y el gasto en importaciones de crudo roza ya el 4% del PIB, cerca de 40.000 millones anuales.

El presiente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, resumió la situación en tres palabras esta misma semana: "No vamos bien". Donde más se nota es en la cartera. La factura energética crece  y desequilibra la balanza comercial.

En el conjunto de 2017, España gastó 37.340 millones de euros en importar hidrocarburos, según datos del Ministerio de Economía. Un 30% más que un año antes. El incremento del gasto tuvo un impacto directo en el déficit energético -por encima de 20.000 millones de euros-. Y también en el conjunto de la balanza comercial, que cerró con un desajuste de 24.734 millones de euros, un 31% más.

El país, que importa prácticamente el 99% de los hidrocarburos que consume, mantiene la tendencia al alza en la importación de crudo iniciada hace 15 años. Los datos del pasado mes de agosto de la empresa que gestiona la reservas -Cores- revelan hasta dónde llega el problema. Pese a la subida de precios del petróleo, el consumo de carburantes marca récords de 10 años. El consumo de combustibles de automoción aumentó un 2,7% respecto al mismo mes de 2017. Crecieron tanto las gasolinas (7,3%) como los gasóleos (1,7%). Se han superado los registros pre-crisis 2006 y 2007.

Suben tanto los precios de los carburantes, como los de la electricidad. Lo notan los consumidores de a pie y lo notan las empresas. Sectores empresariales muy diversos, de la siderurgia al azulejo, pasando por el cartón o los fertilizantes se han sumado a las críticas de los consumidores por la subida de la factura de electricidad y gas.

Asociaciones como la de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) -26 compañías industriales, 11% de la demanda eléctrica peninsular-; la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos ASCER -95% de la producción del sector- o el Foro Industrial del Gas, que supone el 60% del consumo de gas en España, han trasladado al nuevo Gobierno, como ya hicieron con el anterior, su inquietud por la situación.

Mientras el Ministerio de Transición Ecológica elabora la norma que debe guiar la transición energética -Ley de Cambio Climático y Energía-, el país se comporta como si los compromisos que ha asumido con la UE en control de emisiones, impulso a las renovables y descarbonización progresiva de la economía, ya estuvieran conseguidos.

No es así. El Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica recoge que España emitió el pasado año 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente. La cifra supone un 4,4% de aumento respecto al año anterior. La mayor subida interanual desde el año 2002 y una prueba de que la economía funciona todavía al margen de los cambios que se registran en todo el mundo. 

El aumento en la emisión de gases se debió a la mayor utilización de carbón en la generación eléctrica en un año que, además fue muy seco. Todo un contraste con la evolución de las energías renovables en la última década. Los Gobiernos, especialmente los que se sucedieron desde el año 2012, heredaron una situación aparentemente cómoda: el 'boom' renovable de los primeros años permitía acariciar con los dedos el objetivo marcado por la UE para 2020: 20% de energía renovable en esa fecha.

Pero la moratoria renovable de los últimos años -parcheada a toda prisa en 2016 y 2017 con subastas-, junto a la sequía de 2017, ha tenido una consecuencia importante: el porcentaje de renovables sobre energía final bruta ha bajado y se sitúa en  el 16,7% cuando llegó a superar el 17%. Son tasas de 2012, según José María González Moya, director general de APPA. Un mal punto de partida cuando España tiene por delante un reto casi imposible: instalar más de 8.000 MW de potencia renovable adjudicada en subastas en apenas 15 meses. Todas las alarmas están encendidas.