La Audiencia Nacional archiva el caso contra la cúpula de Caja Madrid por la venta de preferentes

El Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado el archivo de la causa abierta contra la cúpula de Caja Madrid por la venta de participaciones preferentes. El magistrado sigue así la petición de la Fiscalía, que lo había solicitado. El auto emitido por Andreu se ha notificado este viernes a las partes.

Fuentes jurídicas apuntan a que la pieza separada del caso Bankia había entrado en “vía muerta”. Con el principal acusado fallecido, Miguel Blesa, el plazo de instrucción se agotó sin que que ninguna parte, incluida la Fiscalía, solicitara que se declarara de especial complejidad y hubiera podido prolongarse ese periodo.

En este sentido, el magistrado argumenta entonces que la pieza se encuentra “concluida” al haber agotado el plazo de instrucción y que no se hubiesen practicado diligencias en el último año. El caso se refería también a las participaciones preferentes comercializadas por Bancaja.

El auto del juez subraya que “no ha quedado acreditado” que Caja Madrid emitiera estas participaciones preferentes con el objeto de engañar a los inversores de forma global, a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión. “Esta posibilidad no era siquiera facilmente predecible en 2009”, destaca.

Moreno mantiene que tramposo se ha acreditado durante el proceso que los comerciales de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores. “Se formalizaron, por lo general, adecuadamente” estos contratos, según concluye el magistrado.

“Resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado por las entidades a las que habría que cumplir, no se olvide, a gran parte del sistema bancario y financiero español para engañar a los potenciales inversores”, destaca el auto. El escrito también señala que no ha quedado acreditada la cooperación de la CNMV y el Banco de España en este caso.

Pese a estos argumentos, el juez reconoce que “ha podido haber graves deficiencias” en la comercialización del producto y que “incluso se han podido primar los intereses de los vendedores por encima del de los clientes”. Además, el escrito recuerda que esta causa se limitaba exclusivamente a la posible planificación llevada a cabo por los integrantes de los órganos de dirección de la entidad. Se dejaba fuera por tanto la comercialización de estas participaciones al inversor minorista.

El juez había reactivado la causa en 2016. Esta pieza separada estudiaba el papel de la excúpula de la entidad financiera madrileña en la venta de este tipo de productos financieros que dejaron atrapados a miles de ahorradores. Las investigaciones se remontan a 2013 y se señalaba a los dirigentes de la caja de ahorros por planificar estas emisiones.

En su día, Blesa defendió que la entidad había pagado siempre los intereses de estas participaciones preferentes y que se trataba de una entidad solvente. Además, añadió que los preferentistas no eran “ignorantes financieros”.

La Fiscalía Anticorrupción había propuesto el archivo porque considera que no está acredito el supuesto plan para “engañar” a los clientes de Bankia y tampoco que sus comerciales recibieran órdenes de captar a clientes susceptibles de materializar ese engaño.

Fuentes de Bankia señalan que hasta la fecha ha devuelto su inversión a 170.000 personas por valor total de 2.800 millones de euros. El grueso de esta devolución se produjo por los arbitrajes del año 2013 y los demás a través de la vía judicial. Las citadas fuentes estiman que el 75% de los inversores han recuperado su dinero.

Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid ha desestimado también este viernes la demanda interpuesta por Ferroatlántica, Grupo Villar Mir y Fertiberia contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad, en la que reclamaban el pago de casi 10 millones de euros, equivalentes al precio de compra de los títulos menos la cantidad que obtuvieron con su venta.

En su demanda indicaron que compraron los títulos de la entidad presidida entonces por Rodrigo Rato basándose en la información publicada en su folleto, que “en absoluto reflejaba la verdadera situación de la demandada y no proporcionaba una imagen fiel de su situación económica y patrimonial y de sus resultados”.