La Comunidad perdona impuestos a cientos de inversores en bolsa
Una bonificación ha permitido ahorrarse más de dos millones a cientos de inversores
La Comunidad de Madrid ha perdonado más de dos millones de euros a cientos de contribuyentes que se han acogido entre 2011 y 2016 a una bonificación del IRPF por inversiones en entidades cotizadas en el mercado alternativo bursatil (MAB). El Gobierno regional defiende que esa deducción ha servido para dar oxígeno a pequeñas empresas madrileñas con problemas de financiación, y recuerda que hay otras Autonomías que han impulsado medidas similares. Sin embargo, el PSOE lo denuncia como una práctica regresiva que permite altas rentabilidades a contribuyentes de clase media-alta o alta.
Es la diferencia entre dar oxígeno a quien se ahoga y prestárselo a quien respira a pleno pulmón. El Gobierno de la Comunidad y el PSOE —que lidera la oposición— discrepan desde los extremos sobre una bonificación de la que ya se han beneficiado cientos de personas. Mientras que el Ejecutivo la explica en el contexto de la crisis —como una vía para financiar compañías con problemas para captar fondos—, el PSOE ve en ella una ayuda a quienes más tienen. Las dos partes solo coinciden en los requisitos. La normativa permite deducirse el 20% de lo invertido —hasta 10.000 euros— por entrar en el segmento empresas en expansión del MAB; mantener las participaciones dos años; y elegir compañías con sede social y fiscal en Madrid.
Deducciones en Cataluña, Galicia o Aragón
Madrid no es la única Comunidad Autónoma que ofrece deducciones o incentivos fiscales a los inversores que apuestan por el mercado alternativo bursatil (MAB) para así facilitar la financiación de las empresas que se alistan a ese sistema.
Según la página web del organismo, también lo hacen Aragón, Cataluña y Galicia, por lo que la medida afecta a regiones de todos los colores políticos.
De hecho, el gobierno popular de Madrid no dejó pasar ayer la oportunidad de señalar que el PSOE le afea una bonificación que aplica con características similares el Ejecutivo socialista de Aragón, que gobierna en esta autonomía desde el año 2015 con Javier Lambán.
"Es como una deducción por dedicarte a jugar a la tragaperras", explica Pablo Hernández González-Barreda, profesor de derecho financiero y tributario de ICADE. "No tiene sentido", subraya. "Incentiva una actividad de riesgo a la que solo tiene acceso un sector de la población, un grupo reducido de contribuyentes, con una capacidad económica media o alta, y una capacidad de ahorro media o media alta". Y resalta: "Estas bonificaciones son regresivas. En teoría están condicionadas a que sean en una entidad con sede social en Madrid, pero eso no tiene porqué coincidir con dónde están generando riqueza. Así que no vincula el incentivo con la creación de riqueza en Madrid".
La bonificación fue recogida en la ley de medidas fiscales para el fomento de la actividad económica que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2010. Desde entonces, cientos de personas se han beneficiado de ella al operar en el MAB, que tiene una regulación adaptada a la idiosincrasia de las SICAV, empresas de capital riesgo y pymes en expansión que se alistan en su sistema. Los efectos en las arcas públicas son cuantificables: se han dejado de ingresar 2.116.904 euros, con el pico de los 737.200 deducidos en 2015.
Por su parte, los contribuyentes que se han beneficiado de esta deducción han dejado de pagar una media de 803 euros en 2011 (183 contribuyentes); 1.083 en 2012 (180); 988 en 2013 (186); 1131 en 2014 (276); 2.174 en 2015 (339), y 1.906 en 2016.
"El resultado es contrario a la progresividad del sistema, pues detrae recursos impositivos que de otra forma podrían invertirse en servicios sociales que son usados de forma más intensa por rentas medias, medias-bajas y bajas", argumenta el diputado socialista Diego Cruz Torrijos, que ha obtenido todos los datos a través de una pregunta al Gobierno. "Dicho de otra forma, se detraen recursos de las rentas más bajas y se destinan a las rentas más altas", sigue. "Y la deducción no necesariamente implica que las empresas inviertan o contraten más, ya que si bien la deducción se aplica si la empresa tiene sede social y fiscal en la Comunidad de Madrid, eso no garantiza tener nada de actividad económica en Madrid, de forma que parece más razonable que esas cantidades se dirijan a deducciones para pymes y autónomos de forma directa, o a subvenciones a la constitución de entidades en la región, o al impulso de programas de apoyo a los emprendedores".
Sin embargo, el Gobierno de Madrid defiende que la bonificación ayuda a financiarse a las pymes, evita la especulación al obligar al inversor a mantener las participaciones un mínimo de dos años y fija límites claros: para llegar al máximo deducible de 10.000 euros, un inversor tendría que inyectar 50.000 euros en empresas madrileñas. Un asunto, argumentan desde la consejería de Hacienda, que no es menor: las pymes madrileñas representan el 98% del tejido empresarial de la Comunidad, generan el 75% del empleo y suponen el 65% de su producto interior bruto.
Fomentar la inversión
"La medida persigue fomentar la participación de inversores privados en unidades productivas y de gran potencial expansivo establecidas en la Comunidad", explican fuentes de la consejería de Hacienda. "Con esta deducción, además, se persigue fomentar el desarrollo del mercado alternativo bursátil, como medio de búsqueda de capitalización de entidades que no pueden acceder a los mercados regulados de valores", añaden. "El mercado alternativo bursatil puede convertirse con estas medidas de estímulo en un instrumento importante para las pequeñas y medianas empresas necesitadas de financiación".
Con los datos de 2017 aún pendientes de cuantificación, una cosa está clara: el juego de los inversores en la bolsa resume los modelos opuestos del PP y del PSOE para la economía de la región.
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