En febrero de 2007, el gigante cementero mexicano CEMEX anunciaba, en un acto con las autoridades locales y regionales, la construcción de una nueva planta en Andorra (Teruel) que entraría en funcionamiento dos años después y crearía 150 puestos de trabajo. La inversión inicial sería de 84 millones de euros y la multinacional recibió 6 millones de euros de subvención del Plan MINER para la reindustrialización de las comarcas mineras. La planta se construyó en un 80%, pero llegó la crisis, bajó exponencialmente el consumo de cemento y su entrada en producción fue aplazada, primero por la empresa hasta el año 2010, y finalmente nunca se produjo. En 2015 CEMEX anunció que iniciaba los trámites para devolver a Industria la subvención, que estaba condicionada a la entrada en funcionamiento de la factoría.
Esto, que parece lo más lógico, es un ejemplo de buenas prácticas en cuestión de subvenciones, pero “no es lo habitual”, se afirma desde la dirección de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. “Se necesitan más controles y unos requisitos más exigentes, sobre todo, en materia de mantenimiento del empleo”, advierten.
Las subvenciones públicas a las empresas se han puesto en solfa en las últimas semanas a partir del caso de Vestas. La multinacional danesa que construye aerogeneradores ha decidido cerrar su planta de Villadangos del Páramo (León) y deja en la calle a 360 trabajadores, con otros 2.000 empleos afectados de manera indirecta. La empresa, que declara beneficios a nivel global, decidió cerrar la planta nada más vencer el plazo de mantenimiento del empleo al que le obligaban los 16 millones de euros en subvenciones públicas, tanto del Gobierno central como de la Junta de Castilla León, que había percibido. La propia Junta, los sindicatos o el alcalde de Villadangos, Teodoro Martínez, acusaron a Vestas de “cazasubvenciones” y de haber venido solo a “llevarse el dinero público”. Sea como sea, la planta ha cerrado y el dinero del erario público que se llevó Vestas será muy difícil de recuperar.
Este caso recuerda casi instantáneamente al vivido hace ya más de una década en la Bahía de Cádiz con Delphi. La compañía estadounidense de componentes para el automóvil había recibido 61 millones de euros en ayudas públicas, pero en 2007 decidió cerrar la planta de Puerto Real dejando en la estacada a sus 2.000 trabajadores (y otros miles en empresas auxiliares). A partir de ahí, el marasmo: la Junta de Andalucía y el Gobierno de España prometieron la recolocación de los trabajadores que no pudieran prejubilarse. Llovieron ayudas públicas para la creación de nuevas empresas, pero la mayoría fracasó y aplicó incluso nuevos EREs a los mismos trabajadores que iban acogiendo (como Alestis o Gadir Solar). También resonaron los cursos de formación que nunca se hicieron o se hicieron mal, hasta el punto de entrar de lleno en el caso de los EREs de Andalucía. Aún hoy, once años después, cerca de 350 de aquellos 2.000 trabajadores viven en situación de pobreza severa.
El de Delphi ha sido el caso más mediático de “coge el dinero y corre” por parte de una empresa, nacional o internacional, que decide deslocalizarse en el momento preciso en que se acaba el plazo estipulado en la concesión de la subvención. Pero no es el único que ha sucedido en los últimos años en España.
Alas Aluminium es el paradigma del fracaso en la reindustrialización de las cuencas mineras de Asturias. Según los datos oficiales, la empresa recibió 20,5 millones de euros de subvenciones públicas provenientes de los fondos de reactivación de las comarcas mineras, Ministerio de Industria, Gobierno de Asturias e incluso de SADIM, la firma para la diversificación creada en su día por la estatal minera Hunosa. Fue precisamente sobre los terrenos de una escombrera del pozo María Luisa de Hunosa en Langreo (Asturias) donde esta empresa de perfiles de aluminio se instaló y comenzó su actividad en el año 2005 contratando a más de 300 trabajadores.
Tras una trayectoria errática, con problemas prácticamente desde el principio, cerró en 2011, con unas pérdidas de 60 millones de euros, y entró en quiebra. Aun así, los juzgados de Oviedo obligaron a los socios de Alas Aluminium a pagar a SADIM 6,3 millones de euros y el Tribunal Supremo también exigió a la empresa a reembolsar 2,3 millones al Principado de Asturias. En enero de 2014 el grupo argelino Cevital compró la factoría de la desaparecida Alas Aluminium por 8,5 millones de euros, en una subasta llevada a cabo por los juzgados de lo mercantil de Oviedo, cuando en 2011 los terrenos y las instalaciones estaban valorados en 72 millones, y comenzó a producir en dicha planta en abril de 2015 con el nombre de Alas Iberia, donde en la actualidad trabajan cerca de 60 empleados.
En Asturias también son recordados casos como el de Venturo XXI, una empresa de cartografía de origen extremeño y con 50 empleados, que se instaló en El Entrego (Asturias) tras la llamada de los fondos de reindustrialización y que en 2010, a los cinco años de llegar, entró en liquidación y cerró tras recibir cuantiosas ayudas públicas. O el de la farmacéutica Diasa Pharma, que recibió una ayuda del Ministerio de Industria de 3,47 millones de euros para una inversión prevista de 8,6 millones en la construcción de su nueva planta de Turón (Asturias) y donde iba a crear 90 empleos, que la compañía prometía mantener hasta el año 2010 como mínimo. A mediados de 2009 cerró y entró en concurso de acreedores con unas deudas de 21 millones de euros. Nunca se supo si devolvió las ayudas, pero los trabajadores se quedaron en la calle.
Como se puede comprobar, las subvenciones tuvieron su punto álgido en plena crisis. Las administraciones, asustadas ante la que se venía encima y preocupadas por que no se desbocara el paro, daban todo tipo de facilidades a empresas que se quisieran instalar en sus territorios y entre esas empresas había de todo. Así sucedió en una comarca deprimida como la de Puertollano (Ciudad Real). Allí se instaló en 2007 una empresa de origen ucraniano, Silicio Solar, que recibió 30 millones de euros en ayudas públicas, de todas las administraciones, para crear la mayor planta de fabricación de paneles fotovoltaicos de España con 500 trabajadores. En diciembre de 2012 cerró, justo cinco años después de haber recibido la subvención.
Después, la repetida sucesión de hechos: quiebra, administración concursal y finalmente subasta de las instalaciones con las que los acreedores puedan cobrar parte de la deuda. Al menos, la empresa Aurinka, del Grupo Villar Mir, se hizo con la subasta de los bienes de Silicio Solar por 7 millones de euros en 2016 y construyen una planta, Silicio Ferrosolar Puertollano, con una inversión de 100 millones de euros y un crédito público de 46 millones a devolver en 10 años, en la que esperan dar trabajo a 600 personas. Las contrataciones comenzarán en las próximas semanas.
De vuelta al norte, en San Román de Bembibre (León), Cel Celis inauguró en el año 2010 una planta de fabricación de placas solares. Invirtieron 35 millones y recibieron 6,5 en ayudas públicas. El compromiso era crear 150 puestos de trabajo. A finales de 2012 cerró: Industria publicó en el BOE la revocación de las ayudas, pero nunca más se supo. Hace tan solo unos meses, en marzo, la empresa madrileña Bashmor Engineering se hizo con la subasta de la planta, tras casi seis años cerrada, por 3,35 millones de euros y planea abrirla y crear 40 empleos.
Empezábamos en Andorra (Teruel) y ahí terminamos nuestro periplo. La empresa gallega Castelo S.L., que según los registros oficiales está ya extinguida, se instaló en el bajo Aragón tras recibir 2,2 millones de subvención con el propósito de fabricar paneles para la construcción. Apenas duró un año pese a que la planta pasaba por ser la más moderna del sector. El estallido de la burbuja de la construcción se la llevó por delante. Se había comprometido a crear 100 puestos de trabajo y apenas creó una veintena. Casi ni había comenzado a funcionar y ya cerró, pero la subvención pública se la había llevado y ya nunca se recuperó. La empresa se declaró en quiebra y no había a quién reclamar. Ya era tarde.
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