Suecia no quiere que sus jubilados se refugien en Portugal para huir de Hacienda

Primero fue Finlandia y ahora Suecia. Los dos países nórdicos quieren acabar con el régimen fiscal portugués que permite a sus ciudadanos jubilarse en el país ibérico sin pagar impuestos ni en el país de origen ni en el de residencia. A la corriente se ha sumado el Bloco de Esquerda, la versión lusa de Podemos, que quiere acabar con esos beneficios fiscales.

La ley no es nueva, el próximo año cumplirá una década; y no es tan singular, pues España, por ejemplo, tiene una parecida. En resumidas cuentas, se trata, por un lado, de que el residente extranjero con un trabajo, presuntamente considerado, importante (en España se llamó ley Beckham, por el futbolista importado) solo tribute el 20% de sus ingresos. Otro aspecto de la ley contempla que el jubilado extranjero que ponga su residencia en Portugal no pagará impuestos durante 10 años ni por sus pensiones ni por sus fondos o dividendos de acciones; ni en Portugal ni en su país de origen.

Esa ley se aplica a los países con los que Portugal ha firmado acuerdos para evitar la antigua doble tributación, pero algunos de ellos, como Finlandia (acuerdo de 1970) y Suecia (2002) han reaccionado a esa política de cero tributaciones. Les parece injusto no pagar en ningún país.

El Bloco de Esquerda (BE), que apoya al Gobierno socialista portugués, también pide que se acabe con la exención fiscal de los pensionistas extranjeros, porque le parece una afrenta hacia los pensionistas nacionales. Su iniciativa está llamada al fracaso porque esas ventajas fiscales para extranjeros forman parte de los atractivos del país para atraer turismo y también inversores, algo a lo que no va a renunciar el Gobierno.

Tampoco es que haya una avalancha de jubilados extranjeros que escogen Portugal como residencia no habitual. Después de 10 años de la ley, son unos 3.500 foráneos. Pese a la protesta sueca, apenas unos centenares son nórdicos; la mayoría proceden de Francia, Reino Unido, Alemania y España.

Estos jubilados dorados, ante las iniciativas en su contra de unos y de otros, empiezan a levantar la voz y a recordar que sí pagan impuestos. A nada que cada uno haya adquirido un pisito de 100.000 euros —y ya es muy difícil encontrar algo a ese precio— habrán dejado en Portugal 350 millones de euros, más los impuestos añadidos en el momento del registro, más IBIS e IVA anuales, que para esos no tienen bula.