Una ‘patata caliente’ para el nuevo Gobierno

Nadia Calviño y María Jesús Montero, nuevas responsables de las carteras de Economía y Hacienda, respectivamente, tienen un problema de deuda y déficit heredado del gobierno del Partido Popular. España cerró 2017 con un endeudamiento público de 968.500 millones de euros, equivalente al 98,3% del PIB y un agujero en las cuentas del 3,07%.

En su último informe anual, el Banco de España (BdE) alerta sobre los riesgos económicos que supone el alto apalancamiento de la economía española. “Entre los desafíos pendientes ocupa un lugar preeminente la corrección de los desequilibrios de las cuentas públicas, tarea urgente, dadas las consecuencias negativas que comporta el mantenimiento de un nivel de deuda de las Administraciones Públicas tan elevado como el actual”, sostiene el organismo. “En particular, esta situación tiende a endurecer las condiciones de financiación de los agentes privados (afectando de forma negativa a la inversión productiva) y a restar margen a la política presupuestaria para contrarrestar perturbaciones adversas. Adicionalmente, la dedicación de un volumen elevado de recursos a satisfacer la carga de intereses motiva que estos no estén disponibles para otros gastos productivos”, añaden los expertos del BdE.

Cuando en 2018 estalló la crisis financiera mundial, la deuda pública española no llegaba al 40% del PIB. Sin embargo, en poco tiempo experimentó una vertiginosa subida cerrando el curso 2014 por encima del 100%. Desde entonces, la senda ha sido descendente, pero a un ritmo muy lento. En los presupuestos presentados por el PP el objetivo es que el nivel de apalancamiento se sitúe en el 97% el próximo mes de diciembre. Se trata de una meta que a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se le antoja insuficiente. “A pesar de haber crecido por encima del 3% durante 2017, el ratio de deuda apenas se corrigió”, destaca el organismo que preside José Luis Escrivá en su último Observatorio. “Por tercer año consecutivo no se cumplió en 2017 con la reducción de dos puntos porcentuales de deuda establecida en la ley de Estabilidad para años en que la economía crece por encima del 2% en términos reales”, subrayan.

La crisis cogió a la economía española con superávit y con una gran capacidad para pedir prestado. Ambos factores constituyeron un colchón indispensable para compensar el enorme déficit que se originó. En 2009 el desfase entre ingresos y gastos alcanzó su cénit con unos números rojos equivalentes a casi el 11% del PIB. En 2018 la previsión es que este ratio acabe en el 2,2%. Se trata de un déficit mucho más asumible (está aún por ver si se logra), pero todavía exige niveles de endeudamiento elevados para sufragarlo. Por este motivo, los expertos de la Airef creen que la deuda de las Administradores Públicas no llegará al 60% del PIB hasta 2035, es decir, 15 años después de lo establecido por la Ley de Estabilidad.

Un pesado lastre

El Banco Central Europeo (BCE), a través de su programa de expansión cuantitativa, ha sido uno de los principales compradores de deuda pública española en los últimos años. Además, gracias a su actividad, ha permitido abaratar los costes de financiación de las emisiones debido a la caída de los tipos de interés. El coste medio de la deuda del Estado ha descendido con intensidad desde el 4% de 2011 al 2,5% alcanzado en febrero de este año.

Durante este tiempo, la prima de riesgo española —rentabilidad extra que se le exige al bono español a 10 años frente al alemán al mismo plazo, considerado más seguro— se relajó pasando de los 650 puntos básicos del verano de 2012 a los 98,5 puntos actuales. A pesar del abaratamiento de la financiación, los recursos que consume la deuda son todavía considerables. Lo presupuestado para 2018 incluye una partida de 31.547 millones de euros para pagar intereses.

El cálculo de la carga financiera de la deuda se puede encarecer si la aversión al riesgo de los inversores internacionales (que tienen cerca del 46% de la deuda emitida por el Estado) aumenta. El reciente contagio de la crisis política italiana a la prima de riesgo de otros países del sur de Europa es un aviso a navegantes, sobre todo en un año como 2018 en el que, entre vencimientos y nueva deuda para cubrir el déficit previsto, las necesidades de financiación de España suman el 18,4% del PIB. “El problema no está en el stock de deuda sino en los flujos de la misma. Si al déficit público le quitas el componente cíclico se sitúa en el 3,1%. Eso hace que, a poco que la economía se desacelere y con ello la recaudación fiscal, la bola de nieve de la deuda y el déficit seguiría engordando”, alerta Roberto Ruiz Scholtes, director de estrategia de UBS.