El aumento significativo de las muertes en la provincia de Santa Elena, que han pasado de un promedio mensual de 110 a más de 300 en solo 15 días, tiene en vilo a los habitantes y autoridades desde hace varias semanas.

Las cifras varían según la institución a la que se le pida la información, pero la preocupación ha llegado ya hasta la mesa del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que hasta ayer registraba solo 5 fallecidos y 145 contagios en toda la provincia.

“Algo nos preocupa en Santa Elena que ha incrementado un poco las cifras de fallecidos, ya el equipo está trabajando allá”, admitió Jorge Wated, el pasado 16 de abril.

A estos muertos confirmados se suman otros 18 que, aunque murieron en el marco de la emergencia sanitaria, su causa de deceso no pudo ser confirmada por falta de pruebas de COVID-19.

Sin embargo, según las cifras que publicó el sábado el Registro Civil las muertes registradas en la provincia suben a 316, solo en los primeros 15 días de abril, cuando en todo el mes de marzo hubo 133 fallecidos. Es decir, hay un aproximado de 183 decesos que se han producido en el marco de la pandemia, tal como ocurre en Guayaquil y Guayas, desde donde llegaban una buena parte de los turistas antes del inicio de la emergencia.

La gobernadora Datzania Villao también ha dado números distintos a medios locales. “Según los certificados de defunción tenemos que del primero al 13 de abril se reportan 329 fallecidos. Un poco más del 50 % se deben a otras enfermedades y el otro sospecha de COVID-19 porque en algunas ocasiones no se alcanzó a hacerle la prueba”, dijo en los últimos días. Una estadística que pone más en duda la cifra que se da desde la autoridad nacional.

Para el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, lo que sucede en la provincia es “una catástrofe”.

“Lo que se vive en la provincia de Santa Elena es muy grave. El alto número de muertes que existen en sectores rurales en estos momentos se sale de todas las estadísticas. Nosotros tenemos que en 2019 hubo 1.425 fallecidos en el año, cerca del 45 % de ellos son por accidentes de tránsito, y ahora hay más de 300”, señala.

Pero lo que más le sorprende e intranquiliza, asegura, es que esta realidad no se refleje en las cifras oficiales. “Si se desinforma, el país piensa que en Santa Elena no pasa nada. Este es un silencio criminal”, indica.

Según el prefecto, la mayoría de las personas, especialmente los de los sectores más alejados, han fallecido en sus domicilios, pues no han podido acceder al sistema de salud.

“Se quedan en sus casas porque no tienen adónde ir. Mueren con todos los síntomas de COVID-19 porque cuando van al hospital no les hacen las pruebas. Hay varios centros en las zonas rurales que están ahora sin ningún tipo de atención, los médicos no están asistiendo. Eso pasa en Sinchal, donde el promedio de fallecidos al año es 1 o 2 y resulta que en este momento hay más de 18”, menciona.

Los alcaldes también manejan cifras diferentes. Ellos elevan las muertes a 450 y estiman que el 70 % de estos fallecimientos están relacionados a enfermedades respiratorias.

Para transparentar las cifras, los tres alcaldes solicitaron a los presidentes barriales y comunales que realicen un levantamiento de fallecidos en cada sector. Chanduy fue una de las primeras en entregar las estadísticas: en los 14 recintos de su jurisdicción ya van 106 fallecidos, mientras que en Atahualpa, la parroquia más pequeña de la provincia, se reportó 14 fallecimientos. En La Libertad, el cantón más poblado, ya se suman 191 decesos.

Estas estadísticas llevaron a los alcaldes y al prefecto a solicitar a las autoridades nacionales que esta provincia sea declarada como zona especial de seguridad, tal como ocurrió en Guayas. “Pedimos que vengan de inmediato a intervenir Santa Elena, que con esos números que dan de manera oficial lógicamente no se presenta ninguna alerta”, dice Villao.

En el cementerio que fue acondicionado en la provincia para los fallecidos de COVID-19 ya han sido sepultadas 132 personas.